La delicada situación de la democracia venezolana

El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional. La oposición y la OEA denuncian golpe de Estado. Las causas de la decisión.

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El Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró el desacato del Congreso y asumió facultades del poder legislativo. Desde la oposición al presidente Nicolás Maduro y la Organización de Estados Americanos (OEA) denuncian que hubo un autogolpe de Estado, a lo que se sumaron numerosos Gobiernos conservadores de la región.

El Gobierno, por su parte, rechazó las acusaciones y mediante un comunicado de su Cancillería declaró que “es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuyan en los asuntos de jurisdicción exclusiva de Estados soberanos”.

Un callejón sin salida

La Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, intentó hacer jurar a tres representantes del estado de Amazonas, que fueron elegidos bajo la sospecha de fraude. En las últimas elecciones legislativas se denunció con grabaciones que la secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Por eso el TSJ suspendió las proclamaciones de los diputados de Amazonas.

Sin embargo la oposición al chavismo, desconociendo la resolución de la Corte, persistió en hacer jurar como legisladores a esos tres candidatos, para lograr los dos tercios de la cámara. De esta forma buscaron declarar “abandono del cargo” del presidente, una figura legal que les permitiría revocar a Nicolás Maduro.

Es por ello que los jueces consideraron a la Asamblea en desacato, asumiendo el poder legislativo. Si bien la Asamblea puede dar marcha atrás, lo que dejaría sin efecto la resolución del tribunal, el líder opositor Julio Borges declaró que los legisladores “queremos dejar claro que este parlamento se rebela ante esta decisión”.

A pesar de haber ganado las últimas elecciones, todo indica que la oposición busca que se retire a Venezuela de la OEA, dando paso a sanciones que provocarían una crisis humanitaria e intervención militar externa.

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