Estela Díaz y Daniel Gollán durante el anuncio.

La provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE). La medida fue formalizada la semana pasada en un acto encabezado por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.

Se trata de una medida que servirá de guía a los equipos de salud de la provincia para llevar a cabo abortos, dentro de lo contemplado por el Código Penal de la Nación de 1921 y el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015. El anuncio se da a conocer semanas después de que el ministerio de Salud nacional anunciara la puesta en marcha de un protocolo para la interrupción del embarazo nacional.

Los protocolos ILE buscan evitar las muertes por abortos clandestinos, cumpliendo con lo estipulado por el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia, que en el año 2012 convocó a los equipos de salud de todo el país a establecer estándares para el acceso a la interrupción del embarazo permitidos por la ley.

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La centenaria ley contempla aquellos casos en los que se encuentre en peligro la salud de la madre o que el embarazo se haya producido en situaciones de violencia. “Estamos hablando de una legislación del año 1921, y se establece qué procedimientos realizar para cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en casos en que el embarazo es producto de una violación”, explicó la ministra Díaz durante la firma del protocolo.

El protocolo que sobrevivió al veto de Vidal

En octubre de 2016, la entonces ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, sacó una resolución para que la provincia adhiriera al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. El mismo había sido elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del ministerio bonaerense en 2015, pero nunca se había aplicado.

La decisión provocó una interna hacia el interior del gobierno de María Eugenia Vidal, producto de la resistencia que se generó para poner en vigencia la resolución. El principal exponente opositor de ese entonces fue el secretario de Legal y Técnica bonaerense, Julio Comte Grand, un reconocido militante del Opus Dei que se negó a firmar para habilitar la publicación del protocolo en el Boletín Oficial.

Finalmente, Vidal dio el visto bueno a la marcha atrás conservadora y el protocolo nunca se publicó. Pocos meses después Zulma Ortiz renunció a su cargo y fue reemplazada por Andres Scarsi. La postura antiabortista de la ex gobernadora se conoció definitivamente en 2018, cuando posó junto a un pañuelo celeste durante la discusión por la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).