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Las medidas anunciadas por Mauricio Macri tienen un objetivo más simbólico que real, en un momento de zozobra de su gobierno en varios frentes. Al polémico ajuste de los haberes jubilatorios de finales de 2017, se sumó la incertidumbre en materia económica, apuntalada por el combo inflación y aumentos impositivos y en servicios, que afectan principalmente a la clase media.

Sin embargo el detonador fue el escándalo multidimensional protagonizado por el ministro de trabajo Jorge Triaca. Tiene de todo: quien se encarga del diálogo con los sindicatos maltrató a una empleada, que estaba en negro y fue despedida sin causa. La trabajadora además fue contratada por el SOMU (el gremio de los marítimos) en el marco de la intervención ordenada por el poder judicial a través de la propia cartera de Triaca, quien impuso a la ahora senadora Gladys González para ejecutarla. Como si fuera poco, a partir del caso terminó ganando relevancia pública la contratación de familiares de ministros en la función pública. La contradicción reside en que el nepotismo fue criticado por el PRO antes de ser gobierno.

Ante este panorama, apurado por una fuerte caída de la imagen presidencial, Macri dispuso una serie de medidas para amortiguar el impacto. Sin embargo, el alcance del anuncio es más simbólico que real.

Ajuste del Estado, una máscara de austeridad

El escenario de apertura de paritarias se avecina tormentoso, principalmente porque, según distintos analistas económicos, la meta inflacionaria anunciada por el equipo económico está atrasada. Subyace de fondo el ruido de la reforma laboral en un escenario de fuerte conflicto con los principales referentes del sindicalismo.

A esto se suman despidos en distintas dependencias del Estado, como el INTI y el hospital Posadas (por poner un ejemplo), lo cual mantiene el conflicto social a temperaturas altas. En esta coyuntura el presidente anunció la reducción de cargos políticos en un 25% y el congelamiento salarial para los funcionarios, un ahorro insignificante del 0,01% del presupuesto nacional.

La primera de las medidas es una poda de árboles que el mismo oficialismo plantó: desde que asumió Macri, se crearon nuevas estructuras jerárquicas (5 ministerios, 18 secretarías, 49 subsecretarías, 104 direcciones nacionales), en gran medida como forma de contención política de referentes de la alianza de Gobierno. El porcentaje de aumento de dependencias desde diciembre de 2015 es mayor al recorte que se anunció.

En cuanto a los sueldos congelados, tampoco significan un sacrificio real. En términos globales, el ahorro no es significativo para las arcas del Estado; y en términos particulares, los haberes congelados superan los 150 mil pesos mensuales. Si bien se tratan de salarios para cargos de muchísima responsabilidad, ningún funcionario se verá empobrecido.

Un detalle que desnuda la intención: el Presidente tuiteó que “no habrá paritarias” para los funcionarios, sin reparar en que son cargos ejecutivos, y no tienen ese tipo de acuerdo. Los únicos que tienen paritarias son los trabajadores.

Márketing, papelón y después

El apuro para tapar el escándalo de Triaca con su empleada llevó a una medida drástica, como es la prohibición de familiares de ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Algunos padres, hijos y hermanos empezaron a renunciar, y más adelante llegará un decreto que lo reglamente. Aún no se conoce fehacientemente cuál será el alcance de una medida que es netamente demagógica.

Los cargos políticos son parte del equipo de trabajo de un ministro, y en algunas oportunidades se trata de familiares, que además también pueden participan de la política. Por esta razón la medida esconde un costo político interno: parte de las pujas del poder están relacionadas con la capacidad de contratar gente de confianza para ocupar espacios.

Habrá que esperar y ver si esos familiares son recontratados en la Provincia o la CABA, gestiones administradas por el propio oficialismo. De esa forma se licuaría la medida, ya que de cualquier forma cobrarían sueldos del Estado.

Y mientras tanto, Triaca sigue en su puesto

Lo curioso de todo el caso es la defensa cerrada del presidente al ministro Triaca, aún pagando un fuerte costo político. Hay que tener en cuenta que se trata del funcionario que debe discutir con los sindicatos, en un año en el que el Gobierno pretende paritarias a la baja e instalar una reforma laboral que afectaría derechos laborales.

Además, la calidad institucional que fue uno de los ejes electorales del macrismo se desdibuja. Macri anunció, por segunda vez, que el tema Triaca está cerrado. Ya lo había hecho antes de su gira europea, pero no es el presidente quien decide cuándo se cierra el tema.

El verdadero hecho de corrupción en el escándalo de Sandra quedó, por el momento, tapado: todo indica que Triaca decidió pagar a su casera (que seguía trabajando en la quinta del ministro) a través de la caja del SOMU, que había sido intervenido por prácticas similares. El ex secretario general del gremio, el “Caballo” Suárez, se encuentra detenido por esa causa.