Esta semana tuvo lugar la última audiencia testimonial programada en el juicio que juzga los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en la Brigada de Investigaciones de San Justo durante la última dictadura militar. El juicio empezó el 13 de agosto de 2018 y desde entonces unos 96 testigos se acercaron a contar lo ocurrido durante esos oscuros años.

Sin embargo, nuevos testigos pueden sumarse a declarar. En diálogo con Matanza Digital, el referente de H.I.J.O.S La Matanza, Gabriel Fernández, explicó que “en la última audiencia comunicaron que había otros testigos, pero que todavía falta corroborar si van a testimoniar o no”.

En el banquillo de acusados se encuentran 18 policías, civiles y militares,  imputados por los crímenes cometidos contra 84 personas. Aunque se sabe que hubo cientos de personas pasaron por el lugar, de las cuáles 43 siguen desaparecidas.

Una vez finalizada las audiencias de los testigos, vendrá la fecha para solicitar la ampliación de las imputaciones a los acusados en la que la fiscalía pedirá “la ampliación por homicidio, por delito sexual y por otros cargos que en la elevación a juicio no se consideró, como es la apropiación de bebés”, sumó Fernández.

“Es algo extrañísimo que habiendo tres casos de apropiación comprobados, no se haya pedido en la elevación a juicio”, agregó el militante de derechos humanos. Por otro lado, aclaró que los organismos calculan “que la sentencia va a estar para fines de agosto o septiembre”.

Otras de las cuestiones que se tendrán en cuenta en la próxima etapa del juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal n°1 de La Plata, serán aquellos crímenes ocurridos en otros años a los que considera la causa, que sólo investiga lo ocurrido entre 1976 y 1978. “Hay otros casos que surgieron por los testimonios de los sobrevivientes que fueron vistos en épocas anteriores”, aseguró Fernández.

Según explicó el referente, entre los casos comprobados figuran “14 uruguayos que fueron traídos a la Argentina (previo a la dictadura) porque ya había dictadura allá. Por lo que hace participe a la Brigada como un centro operativo del Plan Cóndor”. De esta forma, las ampliaciones que pedirá la fiscalía y las querellas apuntan a que el lugar pase a ser considerado “un centro clandestino de exterminio en vez de centro de registro, porque hay muchos casos de asesinatos en el lugar”, completó Fernández.

Así las cosas, mientras se acerca la fecha de la sentencia final, desde las organismos de derechos humanos continúan reclamando por la desafectación del predio, ubicado en la calle Salta 2450. Allí planean construir un sitio de la memoria.