José Alejandro Díaz, con las manos en la cabeza, se entrega. Luego fue desaparecido. (Foto: Eduardo Longoni)

Este lunes 10 de diciembre comenzaron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante la recuperación del Regimiento de La Tablada, tras su intento de copamiento en 1989. 

Más de 50 personas participarán de las audiencias para determinar las culpabilidades por los asesinatos ocurridos durante la violenta jornada que transcurrió en el gobierno de Raúl Alfonsin. Se realizarán tres audiencias esta semana y varias en enero.

Durante el proceso judicial, llevado a cabo por el tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín, se juzgará al ex general Alfredo Manuel Arrillaga por el homicidio de José Díaz, uno de los cuatro militantes desaparecidos del Movimiento Todos por Patria.

Según el material fotográfico de la época, el militante fue capturado vivo tras haberse rendido pero nunca más se supo de su paradero. También hay pruebas de que fueron detenidos con vida y luego desaparecidos Carlos Samojedny, Francisco Provenzano e Ivan Ruiz Sánchez.

Sin embargo, el juicio sólo toma el asesinato de Díaz. El único acusado es el jefe de la violenta recuperación, Alfredo Manuel Arrillaga. Se trata de un militar que acumula cinco condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, entre ellos por su participación en La Noche de las Corbatas.

El juicio tiene lugar tras la declaración en 2014 de la imprescriptibilidad de la causa dictada por la Corte Suprema de Justicia. Se consiguió tras la lucha de familiares y amigos de los desaparecidos, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se encontraba cerrada desde 1997.

Qué había sucedido

El 23 y 24 de enero de 1989, militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentaron copar el Regimiento de Infantería Mecanizada III de La Tablada en La Matanza. 

El hecho terminó con un enfrentamiento con efectivos policiales: murieron 32 militantes, dos policías y nueve militares. Finalmente, los militantes se rindieron pero varios de ellos fueron fusilados y desaparecidos por las fuerzas de seguridad.

Tras los hechos, los únicos que fueron procesados por la justicia fueron los integrantes del MTP, que recibieron penas que fueron desde los 11 años a prisión perpetua. En cambio, la investigación judicial de las torturas, desapariciones y fusilamientos cometidas luego de que el cuartel fue recuperado no avanzaron.