El quinto paro nacional que lleva a cabo la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri muestra un fuerte nivel de acatamiento. La medida cuenta con el impulso de los sindicatos más combativos de la CGT (Frente Sindical para el Modelo Nacional), de la CTA y de diversas organizaciones sociales que realizaran protestas y ollas populares en todo el país.

“Esta huelga es para pedir una rectificación de políticas socioeconómicas que dañan permanentemente el tejido social”, sintetizó los motivos del paro el líder de la CGT, Hector Daer.

La adhesión de los gremios del transporte fue clave para otorgarle mayor contundencia a la medida de fuerza ya que no circulan colectivos, trenes, subtes, vuelos comerciales ni transporte marítimo. En todo el país también están cerradas las escuelas, los bancos, comercios y en los hospitales solo hay guardias mínimas.

El paro fue sin movilización central, por lo que las calles de las principales ciudades del país quedaron vacías. Sin embargo, hubo momentos de tensión en las movilizaciones que organizaron grupos de izquierda camino a Capital. En el Puente Pueyrredón la Prefectura reprimió tirando balas de goma y gas pimienta contra manifestantes del Polo Obrero que se dirigían al Obelisco. Una situación similar se daba en el Puente La Noria, que también estaba bloqueado.

“Hemos hablado con muchas provincias y el paro ha sido realmente muy efectivo, importante y con mucha adhesión. Una vez más, queda demostrado el rechazo a las políticas de este Gobierno que provocaron la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de miles de fuentes de trabajo, una inflación alarmante y una gran desocupación”, aseguró a la prensa el referente de los camioneros, Hugo Moyano.

La respuesta del gobierno

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue una de las primeras en salir a cuestionar la medida de fuerza: “estamos hartos de los paros. Ya sabemos que cuando el gobierno no es del partido de los sindicatos esto pasa. Es muy poco democrático este paro pero hay que bancársela”.

Fiel a su estilo, la ministra respondió con amenazas de represión para liberar las autopistas si había piquetes. “Es poco democrático porque no dejan trabajar a la gente, le impiden que viaje. Es en contra de la libertad y del trabajo, de que la gente tome decisiones por si misma”, agregó.

El otro portavoz del gobierno fue el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien no dio respuesta a las críticas lanzadas por los sindicatos pero en cambio salió a cuestionar la medida por el costo que le causa a la economía. Según sus cálculos, el país pierde $40.500 millones por el paro, lo que significa un 0,22% del PBI anual.