El país vecino amaneció este martes con una de sus crisis políticas más importantes de los últimos tiempos. El presidente Martín Vizcarra ordenó disolver “constitucionalmente” el Congreso y llamar a elecciones para el próximo 26 de enero, en una maniobra para salir adelante de la crisis política que lo enfrenta con la oposición, liderada por el fujimorismo y aliados de extrema derecha.

Pero un grupo de diputados rebeldes respondió votando su “suspensión” y designado a la vicepresidenta Mercedes Aráoz en su reemplazo. La escalada de la crisis política, en la que no se sabe a ciencia cierta quien gobierno el país, se vive al calor de las manifestaciones que se produjeron en las calles, en apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que la mayoría de la población tiene una mala imagen de los representantes del Congreso, organismo al que asocian con la corrupción y por impedir sancionar medidas contra corruptos.

Cabe recordar que Perú vive momentos convulsionados desde la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, vinculado a la corrupción del caso Odebrecht, investigación que apuntó contra varios exgobernantes y motivó el suicidio del ex presidente Alan García. Vizcarra, que actuaba como vicepresidente, llegó a la presidencia en 2018 en ese contexto y empezó una cruzada contra la corrupción que lo hizo chocar con los miembros del Congreso.

Qué fue lo que pasó

El Congreso, controlado por la oposición que responde al partido de Keiko Fujimori, excandidata presidencial ahora detenida por sospechas de lavado de dinero, planeaba elegir a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el equivalente a la Corte Suprema argentina. Esta elección se llevaba a cabo sin tener el cuenta la cuestión de confianza presentada por Vizcarra, un mecanismo legal para cambiar las reglas de elección de los magistrados y detener este proceso de elección.

La elección de miembros del Tribunal Constitucional es clave, no sólo porque es el que puede terminar resolviendo la disputa entre el Congreso y el poder Ejecutivo; sino porque también decidir fallos importantes como la libertad o cárcel de políticos envueltos en corrupción. Entre ellos, a Keiko Fujimori.

Así fue como el presidente decidió disolver al Congreso y llamar a nuevas elecciones, para terminar la pugna entre ambos poderes. De hecho, anteriormente Vizcarra había enviado un proyecto para adelantar las elecciones pero fue bloqueado por el Parlamento.

La lectura que llega a la Argentina a través de los medios peruanos es que ninguna de las partes reconoce a la otra, y todo parece indicar que la crisis terminará en las manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar si Vizcarra actuó constitucionalmente o si las acciones tomadas por el Congreso son válidas.

Al escenario se suma un gesto político hacia Vizcarra: fue acompañado por la cúpula militar, que se reunió con él para brindarle su apoyo institucional. Minutos después se difundió una foto en la que el presidente se muestra junto a los referentes de las Fuerzas Armadas peruanas y de la Policía peruana, que por el momento responden a sus decisiones.