(Foto: Presidencia de la Nación)

El anuncio del presidente de imponer por la vía de un decreto la llamada “extinción de dominio”, que habilita a quitarle bienes a personas sospechadas de trata, narcotráfico o corrupción, generó un rechazo casi unánime entre los especialistas de derecho institucional y de gran parte del arco político.

Las críticas llegaron incluso desde sectores afines al gobierno o que aprueban la medida de crear un fuero civil para decomisar bienes de imputados. “La finalidad [del DNU] es muy justa y loable, pero el Gobierno o esta mal asesorado o no está interesado en ajustarse a las normas del Estado de derecho”, señaló al matutino porteño La Nación el abogado constitucionalista Gregorio Badeni.

El especialista Ricardo Monner Sanz señaló en declaraciones a América 24 que el decreto vulnera el artículo 99 de la Constitución Nacional, ya que hay una norma en trámite en el Congreso de la Nación. Se trata la iniciativa aprobada por el oficialismo en diputados en 2016, y que el Senado devolvió con modificaciones en 2018. El DNU de Macri apuesta a saltarse las modificaciones del debate legislativo.

Desde la política, las críticas llegaron por el lado de la oposición. El jefe de la bancada kirchnerista en la cámara baja Agustín Rossi le solicitó al presidente “que deje de vender humo”, al considerar que “el gobierno hace anuncios mediáticos para evitar las discusiones económicas”.

Por medio de un comunicado, el bloque que conduce Rossi consideró que “el DNU de extinción de dominio es inconstitucional, más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal”.

Por su parte, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño señaló que “Al tratarse como un DNU, ha dejado un resquicio muy importante para que tengamos inconvenientes. Vamos a insistir con nuestro proyecto para que tengamos una ley como corresponde y que no haya cuestionamientos de inconstitucionalidad”.

Funcionarias macristas amenazaron al Congreso

Desde el Gobierno salieron a responder las críticas tratando de instalar la idea de que quienes no aprueben el decreto, están del lado de los corruptos o narcotraficantes. La ministra de seguridad Patricia Bullrich disparó que “Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley de este tipo que le devuelve a la sociedad y al Estado lo que le han sacado a la gente”.

Por su lado Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, señaló que “Por la inacción de la mayoría opositora en el Congreso fue imposible aprobar la ley de extinción de dominio que tienen todos los países del mundo. Hoy el Presidente firma un DNU para sanear el vacío y recuperar lo robado”. Alonso se encuentra imputada por una maniobra orientada a desvincular a Mauricio Macri del escándalo de la deuda del Correo Argentino, por una deuda de más de 70 mil millones de pesos de la familia presidencial al Estado.