Comisaría 3ra de La Tablada (Foto: captura Google Maps)

La orden de detención resalta que los funcionarios y funcionarias policiales “actuaron con poder de hecho y ejerciendo abuso funcional sobre las personas detenidas”. Y destaca también que “estas prácticas violentas se combinaban con castigos y humillaciones por la condición de mujeres de las víctimas”.

La Investigación

En enero pasado, la CPM realizó una inspección sorpresiva a la comisaría donde, a partir del relato de las detenidas, relevó estos hechos. Los defensores oficiales de la Matanza también intervinieron impulsando la investigación. En ese momento, los integrantes de la comisión habían advertido que las mujeres alojadas allí padecían “aislamiento extremo, requisas vejatorias, golpes y otras prácticas de tortura de manera reiterada”, hasta llegar a dos hechos de abusos sexuales ocurridos el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020.

La investigación judicial pudo reconstruir tres momentos de estas graves violaciones a los derechos humanos, que se vieron reflejados en la decisión de la jueza de garantías Mari Mabel Castillo. Desde el 22 de septiembre del año pasado hasta el 21 de enero, agentes de la comisaría 3ra ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas.

Torturas y violaciones

Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, las sometían a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremo hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.

El segundo de los hechos ocurrió el 19 de diciembre, entre las 17 y 20 horas, dos mujeres —una de ellas que la llamaban la “ginecóloga” y aún no fue identificada— junto con cuatro agentes policiales perpetraron abuso sexual con acceso carnal contra al menos ocho mujeres. De a una a la vez, las hicieron pasar a un calabozo donde las sometieron a vejaciones, las obligaron a desnudarse y realizar infames posturas, para luego abusarlas sexualmente.

El último de los hechos ocurrió el 5 de enero de este año, durante una requisa policial por parte de la agente del GAD y dos efectivos de la comisaría 3ra. Los funcionarios obligaron a diez detenidas a ingresar en un baño de ínfimas dimensiones y, una vez allí, las obligaron a desnudarse, mientras las hostigaban y amenazaban con los palos que portaban.