El 18 de diciembre la protesta contra la reforma previsional fue reprimida. (Foto: MAFIA)

El informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018”, denunció la creciente represión en el país, “una criminalización” contra grupos indígenas, habla de un retroceso en la política migratoria y se refiere a las políticas contra la violencia de género.

El informe de la ONG internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos realiza un análisis sobre la respuesta del Estado ante esa temática en 159 países. En el capítulo referente a Argentina, el informe se centra en la creciente represión, ejemplificada por los casos emblemáticos como las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en el marco de operativos realizados por las fuerzas de seguridad federales.

“Manifestaciones a lo largo del año registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente”, recordó el informe que también detalló las prácticas abusivas a las que la policía sometió a mujeres detenidas en la marcha del 8 de marzo, arrestadas arbitrariamente y obligadas a desvestirse por completo.

Asimismo, denuncia sobre una “criminalización y discriminación” de los pueblos indígenas, al señalar que “la mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía ese derecho”.

Por otro lado, reconoce “retrocesos importantes” en los derechos de los inmigrantes; tras el decreto del presidente Mauricio Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para “limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, el informe destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. En tanto, denunció que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres “para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.

Y en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, aclara que la despenalización plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el Congreso. En referencia a este tema el informe anual de Amnistía sostiene que en la Argentina “las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando era consecuencia de una violación”.