En este año, el primero del gobierno de Alberto Fernández, la pandemia de Coronavirus acaparó todas las atenciones por sus consecuencias, su expansión y las medidas que se tomaron para frenarlo. Sin embargo, no hay que perder el foco de otras severas problemáticas como la violencia de género: hubo 265 femicidios en estos casi once meses.

Cabe recordar que la definición de femicidio no se limita al crimen de una mujer, sino a “cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, como indica la Ley 26.791 de nuestro país, sancionada en noviembre de 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, el código penal aclara que el femicidio no es sólo contra las mujeres o personas LGBT, ya que incluye los asesinatos “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”. Por ejemplo, cuando un hombre comete un crimen contra los hijos de su pareja o ex pareja, está considerado femicidio.

Imposiciones sociales y el rol del Estado

Desde el Observatorio de violencias ‘Ahora que sí nos ven’ explicaron a Matanza Digital que “la violencia de género y su expresión más extrema, los femicidios, suceden producto de una cultura machista que establece relaciones desiguales de poder en detrimento de mujeres y diversidades”.

En cuanto a los actores que permiten que siga habiendo femicidios, son diversos. Entre ellos está “el modelo de masculinidad que se impone al varón en el que tiene poder y dominación sobre las mujeres” y la falta de protección por parte del Poder Judicial, ya que “de las 265 víctimas de femicidio, al menos 45 hicieron una denuncia previa y 16 tenían medidas judiciales”.

“El femicidio y la violencia física forman parte de un complejo entramado de violencias, algunas más sutiles e imperceptibles que otras, como lo es la violencia simbólica”, detalló Laura Oszust, del Observatorio. “Cuando en los medios de comunicación escuchamos discursos discriminatorios que culpan a las víctimas, que cosifican a las mujeres o las invisibilizan, se refuerza y se naturaliza la violencia”, agregó.

¿Se puede terminar con la violencia machista?

Respecto a la solución a esta problemática, desde el observatorio consideran que “es un proceso de transformación cultural que es a largo plazo” y que requiere “del compromiso tanto de las instituciones del Estado como de la sociedad civil y la responsabilidad de quienes comunican e informan”.

El cumplimiento de la Ley Micaela, que implica la formación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado es vital para poder llevar a cabo políticas públicas que transformen a la sociedad en una más igualitaria y para que se proteja adecuadamente a las mujeres”, describió Oszust.

Además, remarcó la importancia de “la educación a partir del cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, para que niñas, niños y adolescentes puedan construir vínculos más igualitarios, reconocer las violencias, deconstruir estereotipos y conocer sus derechos”.