Foto: Santiago Fernández.

Desde el gobierno dicen que el juez Ramos Padilla se prestó a un show mediático y político en el Congreso, ¿qué conclusiones sacás de todo esto?

-Sí, esa fue la posición del gobierno, del bloque de Cambiemos que no participó de la exposición y del ministro Garavano. Todo ese posicionamiento quedó desdibujado porque en la bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que está integrada por 14 miembros y 7 son oficialistas, se decidió por unanimidad invitar al juez a exponer de manera secreta porque hay un cuadro de situación muy grave. Entonces, los mismos legisladores de Cambiemos en la bicameral desmintieron todo lo que dijo el gobierno porque entendieron que era muy importante citar al juez.

En ese sentido, el legislador y ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación consideró que el punto más grave de que está investigando Ramos Padilla es que la figura de Stornelli “es mínima en comparación con el alcance y la profundidad que tiene la banda mafiosa que se detectó”.

Y eso involucra a sectores de los medios de comunicación, representantes políticos y parte de la justicia

– Exactamente, por eso es tan grave y el juez habla de que corre riesgo la institucionalidad o el Estado de Derecho. Esto no se trata de una banda de delincuentes que de manera clandestina cometen fechorías, sino que es una organización muy aceitada que incluye al Poder Judicial, servicios de inteligencia, el propio gobierno nacional que se comparta como miembro de la mafia, y también diputados del oficialismo que son usuarios de la información que proveía Marcelo D’Alessio, tal cual lo señaló Ramos Padilla, y los medios de comunicación. El juez definió esto como una organización paraestatal que se dedica al espionaje ilegal con fines de extorsión, intimidación política y con los fines de conseguir pruebas falsas para involucrar fundamentalmente a Cristina (Kirchner) y a otros dirigentes de la oposición.

Algunos periodistas dicen que la investigación de Ramos Padilla no invalida la llamada ‘causa de las fotocopias de cuadernos’, ¿qué análisis hacés sobre la relación de estas dos causas?

-Su validez como investigación se puso en riesgo sola. No necesitó de la causa de Ramos Padilla para que a partir de ahí surgiera un manto de sospechas de cómo habían llevado la investigación Bonadío y Stornelli. Desde el primer minuto hay una irregularidad tras otra porque hay una violación sistemática y permanente de mínimas garantías constitucionales como la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inocencia. Entonces, si uno va analizando esta secuencia te vas a dar cuenta de que no hay más pruebas que la de los arrepentidos. Es decir, son todos dichos de arrepentidos que además son cuestiones que tienen que probarse, no es que por lo que diga una persona ya se da por hecho. La ley dice que se tiene un año para probar efectivamente de lo que se dice con pruebas, porque la misma declaración del arrepentido no es una prueba.

Tailhade, que es referente del kirchnerismo en temas judiciales, considera que la causa de Stornelli terminará como el juicio a los autores del atentado a la AMIA, que se dictó la nulidad luego de que se probara el pago de una coima para involucrar a la policía bonaerense.

El ex consejero agregó que “el que no declara, lo meten en cana, y los que no quieran eso deben declarar como arrepentido. Entonces, no hay ninguna declaración libre de parte de esta gente y claramente la causa está armada en ese sentido. Después apareció esta causa de Dolores, que por supuesto que si yo fuera abogado de alguno de los imputados o detenidos en la causa de las fotocopias me haría un picnic porque hay gente que está presa y a sus abogados los mandaron a hacer cámaras ocultas, hay un reconocimiento que D’Alessio le llevaba pruebas a Bonadío, y Stornelli participaba de la organización delictiva en muchos hechos”.

Sin embargo, el legislador argumenta que “la causa de las fotocopias no va a llegar a juicio oral porque en uno o dos años va a terminar cayéndose por este sinnúmero de irregularidades”.

Vos dijiste en los medios que este caso definía el formato de la democracia argentina, ¿por qué llegaste a esa conclusión?

– Porque estamos viendo que actores del sistema institucional están defendiendo a la mafia. El gobierno le quitó toda colaboración a Ramos Padilla y después plantea que quiere luchar contra las mafias, y le retacea toda la colaboración a un juez que investiga la principal organización mafiosa que fue detectada en Argentina del ‘83 para acá.

Entonces, si ante un hecho tan grave a la democracia como este, está en riesgo la democracia porque hay un sector de la institucionalidad argentina está a favor de la mafia y no del juez. Yo estoy apoyando al juez, y si hay un kirchnerista nombrado en las computadoras de D’Alessio, que se joda.

El diputado recordó que Ramos Padilla no pudo tomarle declaración a Marcelo D’Alessio porque argumentaron que un móvil del Servicio Penitenciario Federal no contaba con combustible y la Corte Suprema tardó en dotar de personal el juzgado que investiga el caso.

“La actitud del gobierno de pedir el juicio político de Ramos Padilla confirma que se están haciendo cargo de D’Alessio y salió a defenderlo”, subrayó Tailhade.

¿Cómo ves la participación de agentes externos como la embajada de Estados Unidos? Teniendo en cuenta que tardaron en contestar qué tipo de relación tenía Marcelo D’Alessio con ellos, ya que se vendía como alguien de la DEA

– La participación de la embajada es indisimulable en todo este proceso, no solamente en las andanzas de la banda de D’Alessio. En los ‘70 había una lógica que consistía en que nuestros militares se preparen en Estados Unidos. Por eso, viajaban a la famosa ‘Escuela de las Américas’, que funcionaba en el ámbito militar estadounidense y le bajaban línea, estrategias y los adoctrinaban. Pero esa época se acabó y Estados Unidos, para seguir teniendo la injerencia que tenía, modificó la estrategia y comenzó a preparar a los jueces. Empezaron a ir jueces argentinos en banda a Estados Unidos para cursos, encuentros y simposios. Por ejemplo, la mayoría de los jueces que fue interviniendo en la Ley de Medios habían ido en numerosas oportunidades a este tipo de encuentros. Este es el puntapié inicial de esta nueva estrategia. En Argentina lo reforzaron con el nuevo embajador que puso Donald Trump, Edward Prado, que es un ex juez del estado de Texas. Todo sabemos que Texas es un estado conservador, racista y supremacista. No solamente es un juez que conoce todas estas cuestiones, sino que cuando llegó dijo que venía a luchar contra la corrupción, o sea, no disimuló su intención de venir a intervenir en la política interna de nuestro país.

El legislador de Unidad Ciudadana remarca la capacidad operativa de Marcelo D’Alessi al tener la posibilidad de salir del país sin ser detectado, enviar valijas diplomáticas al estado de Maine donde funciona una escuela de los agentes inorgánicos de la CIA y su relación con varios empresarios como Mario Montoto, del rubro bélico.

“Montoto es un hombre de confianza de la embajada de Estados Unidos en el país y, si vemos las conversaciones de WhatsApp de él y D’Alessio, nos damos cuenta que D’Alessio se reporta con Montoto, que podremos decir cualquier cosa pero boludos no son. Efectivamente hay una protección de la embajada atrás, y D’Alessio reporta a algún organismo de inteligencia norteamericano, que en términos institucional es de una gravedad inédita”, señaló Tailhade.

Justamente Mauricio Macri afirmó que, de haber seguido el proyecto del Frente para la Victoria, Argentina iba a terminar institucionalmente como Venezuela y que su gobierno nombra a jueces de manera independiente.

– A esta altura nos deberían preocuparnos los eslóganes de Macri en términos de análisis político. Pero es absolutamente falso que designa jueces independientes. Yo integré el Consejo de la Magistratura y consiguieron mayorías a través de actos ilícitos, por ejemplo el de desplazar a un miembro del Frente para la Victoria y poner a Pablo Tonelli, que fue un miembro trucho. También retuvieron al senador Juan Mario Pais para que no jure y avanzaron en la suspensión y enjuiciamiento del juez Eduardo Freiler. Lo del Consejo de la Magistratura es uno de los mayores bochornos institucionales del gobierno de Macri, que los tuvo a patadas. Consolidaron un Comodoro Py absolutamente alineado con el gobierno y dispuesto a profundizar la persecución contra Cristina. Entonces, Macri miente de punta a punta cuando dice que se nombraron jueces independientes.

¿Qué salida política hay a toda esta situación?

– Por un lado, el Congreso debe cumplir su rol. El poder Judicial no puede estar sometido a un no control. Se dice que el poder Legislativo controla al Ejecutivo, como por ejemplo en los DNU; y el poder Judicial controla al Legislativo, a través de la declaración de constitucionalidad de las leyes. Ahora, ¿cuál es el control del poder Judicial? Ellos mismos son. La salida institucional es que el Congreso asuma su rol de controlar al poder Judicial en términos políticos,  no jurisdiccionales. Podemos decir si un juez tiene la actitud de violar flagrantemente la constitución y que ponen en peligro el sistema institucional.

Volviendo al pedido de juicio político a Ramos Padilla que realizó el gobierno, el diputado aseveró que “la salida es que el Congreso ponga su aporte para eso, como eso no va a pasar porque el oficialismo se quiere cargar al juez, la otra salida es ganarle la elección y sacarlos del gobierno”.

Vos también decías que el gobierno no quería que la investigación avance no sólo para proteger a Stornelli, sino también a Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Paula Oliveto.

– Un punto es la gravedad de lo que está investigando, y en eso Stornelli pasó a ser un tema más al lado de la megabanda que se detectó. La segunda dimensión tiene que ver con la sensación de que Ramos Padilla está en absoluta soledad porque nadie colabora con él. Tarda una semana en bajar un disco rígido, que todavía tiene 3 sin analizar y una docena de celulares. Todo este quilombo que se armó fue por sólo un disco rígido y un par de celulares.

La estrategia de la mafia es sacarle la causa a Ramos Padilla y por eso está operando el juez de Magnetto, Julian Ercolini. Buscan que, en el menor tiempo posible, un tribunal resuelva sacarle la causa y se la manden a Ercolini en Comodoro Py con los discos rígidos sin abrir, la docena de celular y la sociedad nunca se va a enterar de lo que había.

En este marco, Tailhade agrega que “el gobierno está intentando que nadie ponga una moneda en ese juzgado para recursos informáticos, humanos y especialistas que le den una mano al juez. Evidentemente el gobierno está preocupado de lo que hay en esos discos rígidos. Está mostrando la hilacha de manera evidente, porque se hicieron cargo de D’Alessio”.

Con todo este panorama judicial, ¿como ves ahora todos los pedidos de prisión preventiva y arresto de ex funcionarios del gobierno anterior?

– La prisión preventiva es un tema que la gente tiene poca noción de la trascendencia que tiene, porque son cuestiones técnicas. Lo más grave es que la sociedad y la dirigencia han naturalizado la prisión preventiva, que es un estadío totalmente excepcional. La constitución dice que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y la excepción es que alguien vaya preso porque puede ‘reventar’ a un testigo o prender fuego una documentación, pero la verdad que ninguno de los detenidos hoy cumple con esos requisitos. En tres años, Julio De Vido no se fugó a ningún lado, ni ninguno de los que están hoy detenidos. Entonces, a mi me preocupa que se naturalice eso como algo normal.

Y finalizó: “los jueces, en lugar de laburar rápido para que en cinco meses una causa esté en el Tribunal Oral, lo que hacen es meter en cana a algunas personas para que la gente crea que está haciendo bien su trabajo. Para el juez es más fácil pedir la prisión preventiva que trabajar en serio, con celeridad y con eficiencia para terminar la investigación más o menos completa. Buscan congraciarse con la sociedad de la manera más perversa, es una montaña de ilegalidades porque es la salida más cómoda. Hoy el 60% de los que están en las cárceles no tienen condena, que es absolutamente devastador para la institucionalidad”.

*Noticia publicada en la tercera edición del impreso de MD.