El juicio en el que se juzgan los asesinatos, las torturas y desapariciones cometidas durante la última dictadura militar en la ex Brigada de Investigaciones de San Justo, retomará la convocatoria a audiencias a partir del miércoles de esta semana.

En diálogo con Matanza Digital la referente de H.I.J.O.S La Matanza y querellante en la causa por el secuestro de su padre, Lily Galeano, explicó que se trata de la segunda etapa del juicio en la que declararán “la mitad de los testigos”. “Estamos expectantes por el juicio porque sigue a partir de mañana y no se dilata la fecha, asique seguimos sentando en el tribunal a los acusados para que sean castigados”, indicó la dirigente.

La justicia demoró ni más ni menos que 42 años para comenzar a juzgar los crímenes ocurridos en el centro clandestino de detención más grande de La Matanza, por lo que es clave para la causa que el tribunal avance con rapidez en las condenas.

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“La primera etapa (del juicio) fue muy dolorosa porque falleció un testigo después de declarar, y después fallecieron varios padres y madres”, explicó Galeano. A ella le tocó vivir en primera persona esa situación: se presentó a declarar en los tribunales el 17 de octubre y su mamá, de avanzada edad y con años de lucha por los derechos humanos, falleció tan solo un día después, el 18.

A la par que el juicio avanza, desde la H.I.J.O.S continúan reclamando la desafectación del edificio donde funcionó la Brigada, ubicado en la calle Salta 2450. Dicha reivindicación formará parte del pliego de reclamos que figurarán en el documento de la vigilia previa al 24 de marzo (día en que se llevó a cabo el golpe milita de 1976) que la Mesa por la Memoria de La Matanza organiza desde hace varios años. “Pedimos que sea un espacio de la memoria”, aseveró Galeano.

Sobre el juicio

El juicio comenzó el 13 de agosto del 2018 y es llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata. Todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana se celebrarán audiencias públicas, en la que presentarán testimonio los 96 testigos que figuran en la causa.

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Se juzgan los crímenes ocurridos de 1976 a 1978 y en el banquillo de acusados figuran 17 imputados, entre los que se encuentran policías, civiles y militares que participaron de los delitos de lesa humanidad. Todos se encuentran encarcelados pero solo 3 cumplen con cárcel efectiva, mientras que el resto goza de prisión domiciliaria.

En el lugar, que dependía de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pasaron cientos de detenidos de los cuales 43 aún continúan desaparecidos. Muchos de ellos pertenecían a organizaciones sindicales y políticas, al igual que a grupos estudiantiles. Entre otros crímenes de lesa humanidad, se juzgará la apropiación de hijos e hijas de desaparecidos.