La Defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia Caprino, analizó el fallo que prohíbe cortar el suministro de gas a las personas que no puedan pagar la boleta y advirtió que “es un tema que tiene que resolver la política”.

“La mayoría de la gente más pobre del distrito no tiene red de gas y utiliza la luz para todo. Entonces, consumen igual o más luz que una casa grande en Ramos Mejía, pero agravado por tener electrodomésticos viejos que hace que gasten más”, señaló Caprino.

La ombudsman local también criticó el argumento del gobierno, en el que afirma que el precio del gas está desregulado, al sentenciar que “es falso esté desregulado porque si es así, en un monopolio, podemos terminar en cualquier cosa. Hay resoluciones que han fijado esos precios”.

“Es una decisión política aumentar las tarifas de esta manera. El valor de las tarifas es legal y no se puede judicializar. Es un tema que tiene que resolver la política”, enfatizó Caprino sobre las denuncias presentadas para cancelar los aumentos tarifarios.

Esto va en consonancia con los proyectos presentados por la oposición en el Congreso, y con la emergencia tarifaria aprobada en el municipio hace algunas semanas. Aunque a nivel nacional ya se habló sobre la posibilidad de un veto presidencial.

Para concluir, la Defensora del Pueblo remarcó que “el gobierno debe educar en el consumo de energía y dar créditos blandos para que la gente pueda comprar electrodomésticos tipo A, para poder bajar el gasto energético”.