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Una profunda crisis política y social se registran en los últimos días en Chile. El ciclo de protestas comenzó hace una semana, cuando el gobierno del empresario Sebastián Piñera anunció que iba a aumentar el valor del boleto del metro (subte) de la ciudad de Santiago de Chile, capital del país vecino.

La noticia causó el malestar en diversos sectores de la población, especialmente en los estudiantes, quienes convocaron a marchar contra el gobierno. El gobierno buscó combatir los focos de protesta con la represión de las fuerzas de seguridad y la detención de los manifestantes. Pero no logró frenar el descontento social.

Con el pasar de los días el conflicto escaló y la situación devino en una absoluta crisis política y social que parece no tener fin. El movimiento comenzó en la capital chilena pero se extendió hacia otras ciudades como Valparaíso y Concepción, y se le sumaron otras exigencias de la ciudadanía contra los gobernantes del país.

A las violentas manifestaciones se sumaron saqueos, incendios y cortes de calles. El sábado el presidente anunció que iba a dar marcha atrás con la medida, alegando haber escuchado “humildemente” a sus compatriotas, y declaró la emergencia en seguridad. Pero el gesto llegó demasiado tarde. La represión policial fue en aumento y el ejército declaró este fin de semana el toque de queda.

Hasta este lunes se contabilizaban al menos 11 muertos producto de los desmanes, mientras el número de heridos y detenidos por las fuerzas de seguridad sigue en aumento. Frente a esta situación, Piñera no tuvo mejor idea que mostrarse este domingo junto al Ejército y declarar “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

Hoy gran parte de los centros comerciales, los bancos y las escuelas se encuentran cerrados, mientras miles de chilenos se movilizan en las principales ciudades del país. Al reclamo se sumaron diversas organizaciones sociales, que convocaron a una huelga general para apoyar el reclamo.

La desigualdad como motor de la protesta

Chile muchas veces es presentado como un caso de éxito latinoamericano por haber logrado un crecimiento económico sostenido desde que la dictadura militar instauró un modelo económico neoliberal, que fue escasamente modificado durante los gobiernos democráticos.

El “milagro económico” de este país esconde una sociedad con profundas desigualdades. Algunos datos que se difundieron en estos días dan cuenta de esta situación: según la CEPAl, el 2017 el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza del país.

La desigualdad se palpa en los bajos salarios. El sueldo mínimo en Chile es de US$423 pero la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a US$562 al mes. En ese sentido, el transporte público aparece como un tema de conflicto: el sistema es de los más caros del mundo y representa un porcentaje muy importante de los ingresos de las familias humildes.

La misma situación ocurre con los costos de los servicios de luz, de agua, el precio del combustible y los medicamentos. También se suma el pedido de reforma del sistema de pensiones, que es privado y mantiene las jubilaciones con montos muy bajos; o la histórica demanda por la desprivatización de la educación superior, que obliga a las clases bajas y medias a endeudarse para poder acceder al servicio.