Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

El titular de la APDH local manifestó su preocupación respecto de los dichos del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos. “Estamos muy preocupados por las posturas y definiciones que tiene muy seguido el señor presidente de la nación con respecto a los desaparecidos y de la manera irrespetuosa que habla de la historia del pasado”.

“La argentina se ha destacado en los últimos 10 o 12 años, mas allá de las diferencias que tenemos profundas con el kirchnerismo pero que posibilito -con una decisión política derogando las leyes de impunidad- que la Argentina haya transcendido en el mundo, porque es la primera vez que los tribunales ordinarios están juzgando a sus propios genocidas. Esto ni paso en Núremberg, tuvo que venir un tribunal de Estados Unidos a juzgar a los genocidas nazis que habían cometidos las atrocidades contra el pueblo judío”, indicó Pimentel.

Frente a las declaraciones de algunos funcionarios que se expresaron relativizando el número de desaparecidos, Pimentel recordó que en los últimos años continuaron apareciendo denuncias de familiares víctimas de la dictadura: “En el termino del año 2005 hasta el 2012 hubo 2 casos que se acercaron de La Matanza de familiares de desaparecidos que jamas habían hecho la denuncia”.

“Yo creo que no se puede volver atrás, se tienen que rectificar de todas las barbaridades que están diciendo, y formar a las fuerzas de seguridad, que debieran estar debajo de autoridades políticas, muñidas de valores filosóficos basados en los derechos humanos”

“Con un desaparecido ya es un delito de lesa humanidad propiciado por el estado. Uno o 30 mil, valoramos la vida como algo fundamental y que es irreemplazable en una persona. Y esto de basarse en los números es menospreciar y es menoscabar la tarea, mas allá de los organismos, las tareas de los familiares que vienen soportando la incertidumbre durante 40 años y están a la espera”, agregó.

¿Prisión domiciliaria para ex represores?

En los último días, diferentes organizaciones de derechos humanos se movilizaron en contra de la concesión del beneficio a prisión domiciliaria para Miguel O. Etchecolatz, director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, responsable de más de una docena de centros de detención en la provincia y condenado a 4 cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, el militante de derechos humanos aseveró: “Evidentemente hay una intención, al menos de algunos sectores del poder ejecutivo -no digo todos- de incentivar una corriente de pensamiento de prisión domiciliaria a los genocidas. Por eso todavía se esta discutiendo lo de (Miguel) Etchecolatz. Por otro lado le han quitado un presupuesto importante para la continuación de juicios de lesa humanidad, y eso son definiciones políticas”.

“No se puede volver atrás en aquella decisión que tomo el pueblo argentino en que aquella persona que hayan cometido un delito, cual fuere, sea juzgado y en el caso de los delitos de lesa humanidad, no hay discusión. Sin embargo algunos sectores del gobierno lo ponen en discusión y alientan a que algunos juicios los demoren y la realidad es que estamos hablando de gente octogenaria o que tiene mas de noventa años, y si no se adelantan los juicios, se va a juzgar al muerto”, alertó.

Los derechos humanos en la democracia

El presidente de la organización que desde 1979 brega por la defensa de los derechos fundamentales que son avasallados por la violencia institucional, alertó que en el último tiempo aumentaron los casos de agresiones por parte de las fuerzas policiales del estado. “Vimos en estos últimos meses un incremento de actitudes de parte de los miembros de fuerzas de seguridad en lo que hace a profundizar a la violencia institucional para con los jóvenes. Por ejemplo con la policía nueva que han largado a la calle prácticamente sin formación”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que las fuerzas de seguridad deban formarse bajo “valores filosóficos basados en los derechos humanos”, ya que “las victimas de esa irresponsabilidad son los jóvenes y los jóvenes más pobres”.