La defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia Caprino salió al cruce de la decisión del Gobierno de cobrar a partir del 2019 un “extra” en las facturas de gas para compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación de la moneda este año.

“Es inapropiado. Cuando hago un pago, legalmente ya no tengo una deuda. Uno no puede cobrar lo que ya se pagó, sino no existe la seguridad jurídica”, explicó a MD sobre el aumento anunciado por el secretario de Energía, Javier Iguacel.

En ese sentido, la ombudsman matancera explicó que junto al resto de los defensores del Pueblo del país pedirán que se de marcha atrás en la resolución.

“Estamos dialogando sobre dos vías, una administrativa y una judicial. La primera es pedir hablar con Iguacel y pedirle que derogue la resolución pero también estamos planeando presentarnos en la justicia”, aseveró Caprino.

Por otro lado, la defensora convocó a que los matanceros se movilicen en contra del pago del retroactivo del aumento del gas. “Es ilegal. Le estamos pidiendo a los usuarios que también vayan a las empresas de gas a pedir la impugnación de los aumentos”, explicó.

Caprino participó de las audiencias donde se definieron los aumentos de gas que comenzaron a regir a partir de este mes que en promedio rondan el 35%. “Es lo que pidieron las exportadoras y distribuidoras”, criticó la defensora del pueblo.

Sin embargo, a pesar de las quejas que despertaron en varios actores de la sociedad las nuevas subas, la defensora aclaró que no existe mecanismo legal para impedir los aumentos. “Una vez que están autorizados los aumentos, ya son legales y no hay otra manera de evitar el pago”, cerró.