La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, avaló los argumentos de la justicia federal de La Plata para aceptar los amparos en contra de los incrementos tarifarios del gas. Citando el informe del Poder Ejecutivo a la Corte Suprema, la Procuradora destacó que “el treinta y ocho por ciento (38%) de los usuarios se ve afectado por aumentos que superan el cuatrocientos por ciento (400%)”.

El dictamen, publicado en la Web del Ministerio Público Fiscal, indica que tanto la Cámara platense como fiscales de todo el país “se expidieron a favor de la procedencia de la suspensión cautelar del aumento tarifario solicitada, por haberse omitido la realización de una audiencia pública previa”.

También rechazó el “carácter transitorio” de los aumentos que argumentó ante la Corte el Gobierno Nacional para justificar la aplicación del tarifazo sin realización de audiencias, advirtiendo que la medida impacta negativamente “en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales”.

Para la Procuradora, la incidencia de la suba es “más severa” para los comerciantes y Pymes que deben “afrontar aumentos que en promedio superan 500 por ciento e incluso en algunos casos alcanzan el 1500 por ciento”, lo que descarta “el carácter transitorio que le atribuyó el Estado Nacional a las medidas cuestionadas”.