En el territorio de La Matanza rige el amparo presentado por la intendenta Verónica Magario, el cual retrotrae los valores de las tarifas de gas, luz y agua a los valores previos al aumento. El amparo fue aceptado por la Justicia Federal y se encuentra vigente.

“No tienen que pagar”, señaló el Defensor Adjunto del Pueblo, José María Mira en diálogo con Matanza Digital. Diversas organizaciones de defensa al consumidor se pronunciaron en ese sentido, alegando que hasta que la Corte Suprema de Justicia no se expida, los aumentos frenados por la justicia no podrán ser aplicados.

“Hay tanta información que hay una desinformación generalizada”, ironizó Mira, al afirmar que “el problema es que no hay certeza”. Al amparo que rige en La Matanza, el cual ordena a las empresas distribuidoras Gas Natural Fenosa, AySA y Edenor que adecuen las tarifas a los valores anteriores, se suma el fallo de la Cámara Federal n° 2 de La Plata que declaró nulas para todo el país las resoluciones del Ministerio de Energía que dispusieron el aumento de la tarifa del servicio de gas.

“En el gas todavía está en vigencia la sentencia de la Cámara que la decreta nula (a la resolución del aumento) y no habría, por lo tanto, que pagar”, indicó Mira, quien sostuvo que el anuncio de los topes del 400% anunciado por el Gobierno “se basan en dos resoluciones que están nulas”.

José Mira comentó además que los Defensores del Pueblo de todo el país se encuentran trabajando en una vía para destrabar el conflicto: “Los Defensores del Pueblo del país están pensando para mañana, antes de que termine la feria judicial, llevar un escrito a la Corte Suprema ofreciéndole el asesoramiento en cuanto a la situación de todos los rincones del país donde hay Defensorias del Pueblo”.

Posible solución al conflicto: la convocatoria a una audiencia pública

El Defensor Adjunto del Pueblo sostuvo que la resolución del conflicto “no puede tardar porque no se puede vivir con una incertidumbre de este tamaño. Tiene que solucionarse pronto”. En tal sentido, la convocatoria a una audiencia pública por parte del Gobierno, de las empresas distribuidoras o de la propia Corte Suprema de Justicia, daría respuesta a los reclamos de los consumidores y podría adecuar los montos de los aumentos a las realidades de cada provincia del país.

“Una vez que se tome la audiencia publica, que se escuchen a todas las partes, después van a tener que sacar la resolución que corresponda, respetando el procedimiento de la audiencia publica. Y explicando y argumentando los porque de cada motivo”, concluyó.