El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones. Así lo denunciaron desde el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), en el que el ex presidente boliviano aspiraba a presentarse como senador junto a su ex canciller Diego Pary, también inhabilitado. La información, sin embargo, aún no fue confirmada por el TSE.

Bolivia avanza hacia un nuevo proceso electivo que permita salir de la crisis política provocada en las últimas elecciones y que terminó con el golpe de Estado al gobierno de Morales. Evo se encuentra refugiado en la Argentina desde entonces y en enero había anunciado que se iba a presentar como candidato a primer senador por Cochabamba.

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El ex presidente buscaba dar un paso al costado de la carrera presidencial pero aportaba su figura -fuertemente respaldada en los sectores más pobres y en las comunidades indígenas- para que el MAS triunfe en las elecciones del 3 de mayo próximo. Sin embargo, el Tribunal frenó su intención.

Desde el partido afirmaron que “no existen razones técnicas ni jurídicas para marginarlos de la carrera electoral”, por lo que denunciaron un “intento político de sectores incrustados en el órgano electoral” para eliminar a sus candidatos por “intereses mezquinos antidemocráticos”. Tras dar a conocer la noticia, se declararon en estado de emergencia “permanente”.

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A pesar del bloqueo a Morales, el resto de los candidatos, incluido el candidato a la presidencia Luis Arce, fueron habilitados para poder participar informó el MAS. Arce salió de Bolivia en diciembre, tras el golpe de estado y se asiló en México. Posteriormente se trasladó a Argentina, desde donde Morales ejerce de jefe de campaña del MAS y lleva realizado varios actos partidarios.

Pocos días atrás, el presidente Alberto Fernández recibió a Luis Arce, quien le pidió “colaboración” para que la Argentina “haga un seguimiento” del proceso electoral y garantice “su transparencia”. Fernández tuvo un papel clave para solicitar el apoyo de los países de la región y permitir que Morales y sus funcionarios se exiliaran de Bolivia tras el golpe de Estado.