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La pandemia de Coronavirus puso de manifiesto la importancia del trabajo a distancia o teletrabajo, tanto para que los empleados puedan continuar con sus tareas como para las empresas o la propia administración pública. La regulación de su definición, alcances y obligaciones se está trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación y también en el mismo recinto de la Provincia de Buenos Aires.

El Gobierno Nacional reconoce que el teletrabajo no tiene un marco regulatorio específico, aunque sí está incluido dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. La Presidenta de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, Vanesa Siley, está encabezando las actividades en el recinto donde exponen los oradores para que en la próxima sesión pueda tratarse oficialmente.

La Diputada por el oficialismo afirmó que “es una demanda social que se regule el teletrabajo” y que “hay una enorme cantidad de trabajadores que están pidiendo la regulación, que es responsabilidad de la dirigencia”. Entre otras cosas, deben definirse los horarios, objetivos, privacidad y el derecho a desconexión de quienes trabajen bajo esta modalidad.

Hugo Melo, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza, en diálogo con Matanza Digital reconoció que “hay un antes y después de la pandemia en la forma de trabajar” y que “esta etapa nos tiene que dejar formación, capacitación y conocimiento”. Además, pidió “dejar el individualismo de lado y trabajar colectivamente, para poner la palabra ‘nosotros‘ sobre la palabra ‘yo‘”.

Matanza Digital accedió al proyecto presentado por el Diputado Nacional Hugo Yasky, en el que propone que “el equipamiento informático y de conexión será provisto por el empleador a efectos de la prestación del teletrabajo” y que “las A.R.T. inspeccionen los domicilios para verificar las condiciones laborales y sugerir modificiaciones de iluminación o edilicias a cargo del empleador”, entre otros puntos.

Yasky, oriundo de La Matanza, señala que “el trabajo en el domicilio en condiciones de aislamiento y separación del colectivo, genera pérdida de derechos y bloqueo de la solidaridad”. También, que “los derechos a la privacidad, intimidad, protección de datos personales, indemnidad frente a ataques informáticos, fallas de conectividad, etc. requieren garantía de contralor sindical y/o de la autoridad administrativa”. 

Por otro lado, este diario consultó a Rubén Schaposnik, delegado de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Verde y Blanca de la Provincia de Buenos Aires, quien explicó que “es necesario regular el teletrabajo para ordenarlo y no perder derechos” aunque aclaró que desde ese sector consideran que “la regla general tiene que ser poder volver al lugar de trabajo con las condiciones necesarias de salud y seguridad”.

“Desde ATE lo entendemos como una herramienta extraordinaria dentro de un momento preciso, pero no creemos que tenga que ser la forma que organice principalmente nuestro trabajo”, profundizó Schaposnik, quien recordó que “en el Estado siempre existió el teletrabajo, pero como una modalidad voluntaria”.

Los debates continúan en las Cámaras de Diputados de la Nación y de Buenos Aires, con sus respectivas Comisiones de Trabajo, y se espera que en los próximos días se pueda dar dictamen para tratar el tema de manera oficial.