Foto: Prensa HCD

Tal como lo había publicado MatanzaDigital.ar, el gobierno Nacional, mediante decreto, se comprometió a “otorgar a la Provincia, en calidad de aporte no reintegrable, la suma de $10.000 millones, a fin de ser destinados a la adquisición de equipamiento de seguridad y gastos operativos para las fuerzas de seguridad con asiento en los diferentes municipios bonaerenses”.

En este sentido, el partido de La Matanza por ser el más grande de toda la región, con una población de más de 2 millones de vecinos y vecinas, recibió la suma de $1.518 millones.

A raíz de esto, el municipio celebró un convenio con la Provincia en el que “se compromete a utilizar los recursos de acuerdo al siguiente porcentaje: el ochenta por ciento (80%) de los fondos deberán aplicarse a la adquisición de nuevos móviles policiales (camionetas, autos y motos) debiendo ser asignados al uso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. En concreto, aquí ya se utilizarían $1.214 millones.

Sin embargo, el acuerdo aclara en este punto que “sin perjuicio de ello, el 20% de dicho monto (los $1.214 millones) podrá afectarse tanto para el mantenimiento de los móviles nuevos o existentes, como para la adquisición de nuevos móviles destinados al sistema de protección ciudadana dependiente del municipio”. Es decir, que el Ejecutivo local tendrá $242 millones para su propia flota.

El segundo punto del convenio aclara que el 20% restante de los $1.518 millones con los que contará La Matanza “se aplicarán a la adquisición de otros equipamientos de seguridad tales como, chalecos anti bala, cámaras de seguridad, tecnología y analítica aplicada, logística, punto seguro con botón antipánico, entre otros”.

El convenio también aclara que “dichos fondos podrán ser afectados a la adquisición de nuevos móviles destinados al sistema de protección ciudadana dependiente del municipio”. De esta manera, y en total, la gestión local se asegura $545 millones para ampliar su propia flota de seguridad.

En su clausula tercera, detalla que “los bienes a adquirir deberán ser inventariados patrimonialmente por cada municipio y serán asignados a la Policía de la Provincia”. Y en el punto cuarto se confirma que cada gestión local “llevará adelante el proceso de adquisición de equipamiento”.

Por último, “ante cualquier incumplimiento por parte del municipio de lo establecido en el presente convenio, la provincia podrá instar los procedimientos administrativos o acciones judiciales que correspondan, y arbitrar las medidas necesarias para recuperar los fondos otorgados”.