Tras el recorte decretado por el presidente Mauricio Macri a las Asignaciones Familiares, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó una “profunda preocupación” por el decreto 702/18 que afecta a los padres de más de 400.000 chicos de todo el país.

El decreto presidencial recorta unos $5.000 millones por año al recortar los montos por vivir en “zonas diferenciales” que se aplican a provincias del norte y sur del país, al mismo tiempo que reduce la cantidad de personas que pueden ser titulares del derecho, al modificar los límites por ingreso familiar.

Para los Defensores del Pueblo “resulta inadmisible” que para ser titular de las asignaciones familiares “el límite de ingresos mínimos por grupo familiar suba y que el límite de ingresos máximo baje”, así como también “se quite los valores diferenciales según la zona para algunas de ellas”.

El ingreso mínimo desde el cual el trabajador o grupo familiar percibirá asignaciones pasó de $200 a $2816, y se redujeron los topes de $94.786 a $83.917. “Esto podría generar la vulneración de garantías constitucionales que protegen Derechos Humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y sus núcleos familiares”, aseguraron los Defensores del Pueblo en un comunicado que reprodujo la Defensoría del Pueblo de La Matanza.

Para los ombudsman de todo el país las asignaciones familiares se tratan “de un derecho adquirido” y recordaron “que toda política pública de seguridad social debe centrarse en el interés superior del niño, no acrecentar la brecha de las desigualdades sociales; teniendo en cuenta que la principal población que vive en la pobreza son las infancias y juventudes”.