El nuevo protocolo impulsado por la ministra Patricia Bullrich para reglamentar la utilización de la fuerza letal por parte de efectivos de seguridad no brinda ninguna respuesta a las problemáticas que enfrentan los funcionarios policiales a la hora de combatir el delito.

Esta reglamentación no mejora la formación de las fuerzas de seguridad, tampoco aumenta las prácticas de utilización de armamento, ni refuerza salarios o equipamientos. La llamada “doctrina Chocobar” (por el caso del oficial procesado por la Justicia que abatió a un ladrón al dispararle por la espalda), ni siquiera brinda seguridad jurídica a la policía para realizar su tarea.

La violencia sólo engendra violencia. Los hechos de inseguridad que afectan a la población no se solucionan con la flexibilización de la utilización de la fuerza letal. Los problemas no se solucionan a los tiros.

Existe abundante evidencia de que relajar los protocolos no sólo no disminuye la violencia, sino que produce el efecto contrario. Los delincuentes no responden ante el fuego policial con miedo, sino con más fuego y de mayor calibre.

En el primer mundo, el número de homicidios en los Estados Unidos, donde existen reglamentaciones similares a lo que propone Bullrich, es mucho mayor a los de Canadá o el Reino Unido, que tienen mayores limitaciones. Cuando se llevan políticas de seguridad basadas en el uso de armas a naciones en vías de desarrollo, se obtienen tasas de homicidios alarmantes, como en los casos de México o Brasil.

Los malos resultados de la economía, que generaron un fuerte desgaste en la imagen de Gobierno, llevaron a la maquinaria de propaganda del presidente Macri a explorar un escenario más favorable. Recostado sobre su núcleo duro, y con el ascenso de personajes como Bolsonaro, apela a la figura de Patricia Bullrich y la demagogia de la mano dura, que no trae ninguna solución.