La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció que la justicia secuestró documentación de su archivo histórico “sin valor comercial ni económico y completamente ajena a la causa por la quiebra de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo”. La orden la dio el juez Javier Perillo en el marco de una investigación por dicha causa.

Desde el organismo de derechos humanos aseguraron que se trata de “otro paso más en la persecución judicial” a las Madres de Plaza de Mayo. “El gobierno siguió, frenó y secuestró una de las camionetas que utilizan las Madres para movilizarse. Se apropiaron parte del archivo histórico”, denunciaron este mediodía.

Las Madres denuncian hostigamiento de la justicia desde 2016, año en el que hubo un intento de detención de la presidenta de la asociación, Hebe de Bonafini, luego de que no se presentara a declarar en otra causa, que analizaba el desvío de fondos del programa “Sueños Compartidos”. En ese momento, la condena social fue tan grande, que la justicia dio marcha atrás con la orden de detención.

“Es la cuarta camioneta que nos secuestran, traíamos material de archivo personal, cartas de la gente, de otros organismos y actas”, aseguró Bonafini y agregó que les están “haciendo pagar una deuda que no es de nosotras, que es de (Sergio) Schoklender y los que robaron”, apuntando contra el ex colaborador de la organización vinculado con el programa Sueño Compartidos, al que acusan de haber realizado un desvío de fondos que venían del Estado nacional.

El secuestro de los materiales se produjo en Avenida General Paz y Constituyentes, luego de que Policías de la Ciudad siguieran el vehículo que las Madres usan para trasladarse durante algunos kilómetros. Se trata de cinco cajas y dos cajones plásticos, que junto al vehículo fueron llevados a la Comisaría Vecinal 12-B.

El decomiso se produjo en el marco de una causa abierta por la quiebra de la Fundación que el juez Perillo decretó en junio de 2017, cuando determinó la “insuficiencia de fondos” en el marco de un juicio laboral iniciado por un ex empleado que reclama una indemnización de más de 120 mil pesos.