A partir de la disposición oficial, la ANSES transferirá a las autoridades nacionales la base de datos previsional en la que figuran los nombres y apellidos de todos los ciudadanos, el DNI, CUIT/CUIL, domicilio particular, teléfonos, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios cursados, entre otros datos. Según el diputado del FPV Héctor Recalde, la medida “ya se está consumando”, por lo que aguarda a que la Justicia de lugar a las presentaciones judiciales efectuadas por su espacio político para frenar la normativa.

Según alegan sus detractores, la resolución 166/16 firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, viola el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y la ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Además, contradice las normativas de seguridad de la propia Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Matanza Digital pudo acceder a un documento difundido por la propia entidad a sus empleados el mes pasado, donde explica taxativamente que la información que administra la ANSES “es confidencial”.

“El acceso y uso de estos datos debe realizarse exclusivamente para cumplir con las tareas asignadas y no deben ser difundidos ni utilizados para fines personales, de acuerdo a lo que establece la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y sus decretos reglamentarios”, sostiene el documento difundido por la Dirección de Seguridad Informática del organismo a sus empleados en el mes de junio.

Las indicaciones recuerdan que todos los empleados de la ANSES firman un compromiso firman un “compromiso” de responsabilidad y confidencialidad cuando se disponen a hacer uso de la base de datos del organismo, por lo que “deben proteger y no divulgar la información registrada en los archivos, bases de datos u otros medios digitales y no digitales de la organización”.

El comunicado advierte además que el incumplimiento por parte de los trabajadores implicará la aplicación de sanciones: “En caso de utilizarlo indebidamente, generará sanciones, según lo dispuesto en el Reglamento Personal y Régimen Disciplinario (Resolución D.E. A N° 659/12) y en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98”.

Es por esto que los trabajadores de la ANSES enrolados en SECASFPI y ATE denunciaron que la normativa firmada por el jefe de Gabinete contradice la ley de Protección de Datos Personales y la propia normativa de ANSES, por lo que “convierte al empleado en un instrumento ilegal” al transferir la información personal de los 32 millones de argentinos registrados a un organismo ajeno a la entidad.