Foto: Metro 951.

Se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 y en La Matanza son varias las causas que todavía no tienen sentencia final, como es el caso del juicio por la Brigada de Investigaciones de San Justo que comenzó el 13 de agosto de 2018 o la de los crímenes ocurridos en la fábrica de Mercedes Benz, que comenzará el próximo 28 de marzo.

Mientras tanto, cientos de familias esperan la condena de los delitos ocurridos en la dictadura, que naufragan entre los tiempos -siempre lentos- de la justicia y las denuncias de que la dilación se da bajo la venia del gobierno de turno.

En diálogo con MD el referente de H.I.J.O.S La Matanza, Gabriel Fernández, aseguró que “los juicios siguen, porque mientras haya impunidad los juicios van a seguir”. “La lucha por la continuidad de los juicios es atribuible a las organizaciones de derechos humanos que estamos atrás de cada causa y de cada testimonio para poder llevar a los genocidas a tribunales”, enfatizó.

Fernández es querellante en el juicio por los crímenes ocurridos en la ex Brigada de Investigaciones de San Justo. El año pasado brindó su testimonio en el tribunal por las desapariciones de sus hermanos José y Juan Fernández, ocurridas en 1977.

Cuatro décadas después, las heridas que abrió la dictadura siguen abiertas y la demora de la justicia dificulta la reparación histórica que piden las víctimas del terrorismo de Estado. “El tema de los juicios se va diluyendo por muerte de los imputados y de los testigos que no llegan a declarar”, lamentó Fernández.

La misma situación relató el titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, quién denunció que la demora en los juicios garantiza la impunidad de los represores. “En materia de derechos humanos Argentina ha sufrido un atraso muy grande en los últimos tres años. Se postergaron las fechas a los juicios de lesa humanidad y si bien siguen, son muchos más lentos. Y los genocidas que están imputados cuando llegan al juicio ya están fallecidos”, afirmó.

A pesar de todo, el avance de la causa de la Brigada de San Justo genera expectativas entre las familias denunciantes, ya que estiman que “va a haber sentencia para fines de mayo o junio”, aseveró Fernández. Allí tendrán condena los 18 genocidas que perpetraron crímenes de lesa humanidad contra unas 84 personas entre 1976 y 1978.

Héctor Sposato, titular de la CTA de los Trabajadores matancera e integrante de la Mesa de la Memoria La Matanza, consideró que en la actualidad “se ha retrocedido en todos los niveles. La política de derechos humanos, tanto provincial como nacional, es negacionista. Por lo tanto no hubo avances en ningún aspecto. Aunque reconoce que hubo continuidad en los juicios por lesa humanidad, sostuvo que desde el oficialismo nacional “quieren que se dilaten los procesos para dejar a los genocidas impunes. Venimos denunciando el tema de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, de cómo la Gendarmería fue la mano armada de este gobierno”.

Las violaciones de los derechos humanos en la actualidad

Pasaron 36 años desde que volvió la democracia al país, pero actualmente también se registran violaciones a los derechos humanos. Al respecto, Pimentel evaluó que en el último tiempo hubo “un incremento en la violencia institucional y un incremento enorme de la policía en los barrios pero negativamente, porque no cumplen con la tarea de prevenir y proteger al ciudadano, sino que ponen en riesgo la vida de los jóvenes, sobretodos los jóvenes pobres que están en riesgo”.

“Si bien ha crecido la inseguridad, tiene que ver con una política socioeconómica que ha excluido a mucha gente del sistema. Por ejemplo, el problema habitacional ha provocado una ola de desalojos enorme acá en La Matanza”, aseveró el referente de la APDH. En ese sentido, cuestionó la desidia estatal que provocó el “incremento casos de muertes en comisarías”. “Hablan a la cara que no han terminado los golpes que reciben los jóvenes que cometen un delito y ni siquiera pueden cumplir con una condena, porque se mueren antes”, criticó.

Sin embargo, Pimentel encontró algunos aspectos positivos ocurridos en el último período, entre los que destacó “el trámite que está llevando adelante el doctor Alejo Padilla en esta causa de extorsiones, porque pone en juicio a todo el sistema judicial y político”. Y también “el destacable fallo de esta semana de la jueza Carina Estefanía -de la Cámara Penal de Esquel- que sacó una resolución muy interesante que va a sentar jurisprudencia de restitución de tierras a los pueblos originarios, porque todos los acusados de usurpación fueron absueltos”.

Para Fernández también hubo un aumento de la violencia institucional. “Está más que presente en la sociedad el tipo de gobierno que tenemos y como cada vez se ven más violaciones a los derechos humanos, sin tanto ocultamiento. Y tenemos una justicia que está haciendo un papel muy triste porque no se ajusta a derecho. Hay que rever esta situación. Creo que tiene que ser reformado de plano el sistema judicial”, cuestionó.

Por otro lado, criticó el sistema de espionaje político que involucra a diferentes aristas del Estado y que quedó expuesto en las últimas semanas a través del caso de D’Alessio. “El Plan Cóndor que fue llevado a cabo por los militares, hoy está siendo llevado adelante por la justicia, amparados en una forma de gobierno, que no es atribuible nada más a este. Está infiltrado desde hace tiempo, como un virus, dentro del sistema republicano. Utilizan a la justicia para perseguir a la oposición. Hoy en día está más manifiesto, seguramente en otros gobiernos está un poco más disimulado o no es tan arbitrario como está hoy”.

Para Sposato, la política criminal del gobierno empeora el panorama, y criticó que “en el caso de La Matanza, el desarmar la Policía Local, de 6 mil agentes que había quedaron 4 mil. Eso hace que se genere más inseguridad y más abuso institucional. En los barrios la policía baja a trabajadores de los colectivos y les piden los documentos, tal cual hacía la dictadura militar”.

Para el dirigente gremial, no se trata de casos aislados, sino que “es la política de Vidal y de Macri”. “No se puede avanzar en política de derechos humanos con una Ministra de Seguridad que dice que cualquiera puede andar armado o que reivindica la doctrina Chocobar. No hay avances. Y la política del gobierno de Macri no cierra sin represión”, concluyó.

Miles de matanceros movilizaron en la vigilia por la memoria

Una multitud participó de la quinta vigilia por la memoria realizada el sábado 23 de marzo para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de estado que instauró a la dictadura militar más sanguinaria en la historia del país.

Organismos de derechos humanos, organizaciones que participan de la Mesa de la Memoria de La Matanza y autoconvocados se agruparon a partir de las 19 en Arieta y Ruta 3, desde donde marcharon hasta la Plaza de San Justo, donde se realizó el acto central.

Durante el recorrido pasaron por la puerta de la Brigada de Investigaciones de San Justo y los organismos volvieron a reclamar la desafectación del lugar para crear allí un sitio para la memoria.

La intendenta de la Matanza, Verónica Magario, participó de la jornada, desde donde convocó a “defender esta democracia, con memoria, con verdad y con justicia. Ese es el mayor mensaje que queremos dar desde La Matanza”.