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El Senado sancionó por unanimidad la ley que apunta restringir la aplicación del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La iniciativa había sido aprobada ayer en Diputados con el consenso de todo el arco político.

En un debate sin mayores estridencias políticas, la totalidad de los bloques políticos coincidieron en pronunciar duros cuestionamientos a los jueces que suscribieron al fallo: Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

La aprobación de la ley tiene lugar a pocas horas de que comience la marcha convocada por organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema, que benefició al represor Luis Muiña con el beneficio del derogado cómputo doble de los días de detención preventiva, como ley más benigna; y que abrió la puerta para extender dicho recurso a detenidos por delitos de lesa humanidad.

La decisión del tribunal caló hondo en la opinión pública y el repudio, aunque dispar en el tiempo de reacción, fue transversal a todas las fuerzas políticas. Las excepciones fueron el ahora desdicho secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quién primeramente aseguró “estar de acuerdo” con la decisión judicial y llamó a “ser respetuosos del fallo”; y el diputado salteño Alfredo Olmedo, el único en votar en contra del proyecto de ley y pedir “juzgar a los militares y también a los terroristas”.

El último en pronunciarse en contra del fallo fue el presidente Mauricio Macri, quién este mediodía afirmó: “Siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier ley que beneficie la impunidad”.

Tres artículos contra la impunidad

La iniciativa sancionada cuenta sólo con tres artículos y fue consensuada de urgencia entre todo el arco de bloques políticos.

El primer artículo establece que el cómputo doble de los días de detención sin condena que establecía la ley 24.390, denominada del 2×1 y que fue derogada en 2001, “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”.

Los otros dos artículos van en el mismo sentido: establecen que el cómputo del 2×1 sólo podrá aplicarse a aquellos procesados que estuvieron detenidos mientras la ley estuvo vigente, entre 1994 y 2001, y que no aplicaría en represores; ya que la gran mayoría fueron detenidos luego de derogarse la ley.

Así, la flamante ley aclara que ésta es la “interpretación auténtica” que debe hacerse del beneficio del 2×1 como ley más benigna y que “será aplicable a las causas en trámite”. Con ésta última fórmula, el Congreso pretende salir al cruce de la catarata de recursos de ex represores que generó el fallo del máximo tribunal.