El Gobierno nacional precisó el martes el alcance de las licencias que tendrán trabajadores estatales y privados para frenar la expansión del coronavirus en el país.

Según explicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el gobierno autorizó a no concurrir al lugar de trabajo al personal de la administración pública nacional y le recomendó a las empresas del sector privado que disminuyan la presencia de sus trabajadores.

La normativa se plasmó en la decisión administrativa n° 390 de la Jefatura de Gabinete y la resolución n° 207 del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, ambas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida tendrá vigencia por un plazo de 14 días corridos y todos los trabajadores que empiecen a desarrollar sus tareas en el domicilio contarán con ART. Quedan exceptuados aquellos que revistan en “áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables”, como es salud, defensa o seguridad.

Si bien la autorización y recomendación quedan vigentes, cada entidad definirá cómo será la implementación de la normativa.

En ese sentido, la recomendación del gobierno es clara. “El objetivo es que no vayan al lugar de trabajo, recomendamos a los empleadores privados que adopten las medidas para disminuir la concurrencia de empleados”, afirmó Moroni.

Quiénes deben tomarse licencia de manera obligatoria

Quienes podrán “dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo” por 14 días son las personas que estén “comprendidas en alguno de los grupos de riesgo conforme la definición de la autoridad sanitaria nacional”, que comprenden las personas mayores de 60 años, las embarazadas y quienes padezcan afecciones cardíacas y respiratorias.

Entre estos últimos se incluyen las personas con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

También a las personas que padecen insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, valvulopatías y cardiopatías congénitas; con inmunodeficiencias; y con diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los próximos seis meses.

En el caso de las personas mayores de 60 años que sean consideradas “personal esencial”, no se les otorgará la dispensa del servicio, salvo que presenten inconvenientes de salud como los mencionados anteriormente.