Foto: Agencia Presentes

El 28 de junio el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe aprobó una ordenanza que obliga al Estado a incluir un mínimo de personas travestis, transexuales y transgénero en la planta de trabajadores municipales. La normativa se basó en la ley de cupo laboral travesti trans “Diana Sacayán” de la provincia de Buenos Aires, aprobada en 2015 pero sin reglamentar en la mayoría de los municipios, incluida La Matanza.

“Fue una conquista porque la comunidad trans en Argentina como en otros países del mundo no tiene oportunidad de trabajo, ya sea porque son expulsades de sus hogares, o no pueden terminar ni sus estudios primarios porque el mismo colegio les expulsa, entonces no hay posibilidades reales de trabajo y la posibilidad que termina cayendo en les compañeres es la situación de prostitución”, indicó a Matanza Digital la integrante de la Consejería Diversa “La Berkins”, Dana Gallardo.

En ese sentido, Gallardo aseguró que “la ordenanza marcó un precedente porque no hay una la ley a nivel provincial en Santa Fe” y que establece “que el 1% de les empleades estatales tiene que ser travestis o transgenero”. Se trata de una política pública tendiente a reducir la brecha de desigualdad de una de las poblaciones que presentan índices alarmantes: la expectativa de vida en la comunidad travesti y trans es de 35 años y la gran mayoría (“más del 90% de la población” según Gallardo) se dedica a la prostitución.

“Muches de les compañeres mueren por enfermedades de transmisión sexual, a veces los mismos hospitales las expulsan, que es violencia institucional y contribuye a lo que llamamos un ‘travesticidio social’. Después los asesinatos: hubo 40 travesticidios en lo que va del año. De toda esta situación nació la ley, que el Estado se haga cargo de los derechos que le negó y le sigue negando”, aseveró Gallardo, quién desde La Berkins brinda herramientas legales y acompañamientos de salud a la comunidad travesti y trans, en la consejería de la organización ubicado en Rucci 3025, Isidro Casanova.

La ley Diana Sacayán espera su implementación

Desde septiembre de 2015 que en la provincia de Buenos Aires rige la ley de cupo laboral travesti trans 14.783, también conocida como “Amancay Diana Sacayán”, en reconocimiento a la dirigente que fue una de sus principales impulsoras. Sin embargo, su aprobación se encuentra demorada en un verdadero escollo legal, dado que la provincia no puede imponer a los municipios la normativa, por lo que necesita del impulso para su aplicación en cada localidad.

“Hay municipios en los que está implementada como en San Martín y otros en los que no como La Matanza, Morón y muchos más, que no se implementa”, explicó Gallardo. Si bien en La Matanza hubo presentaciones de proyectos para que el municipio se adhiera a la ley, el Concejo Deliberante cajoneó la iniciativa, siendo el oficialismo quién tiene la llave para que el distrito respete la ley.

Diana Sacayán fue una importante activista social que impulsó la sanción de la ley de cupo laboral trans en la provincia. Vivió muchos años en La Matanza, en Laferrere, e incluso se postuló en 2012 para ser Defensora del Pueblo del distrito. Fundadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) en La Matanza; ocupaba la secretaría de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).

Fue asesinada en 2015 en su casa por Gabriel David Marino. El juicio por su muerte se convirtió en un emblema del movimiento travesti, generando expectativa por la primer condena a un homicida en el país bajo la caratula de “travesticidio”. La condena llegó finalmente el 18 de junio de este año, acontecimiento que se valió el reconocimiento de la propia intendenta Verónica Magario. Mientras tanto, la implementación de la ley de cupo laboral travesti trans en el distrito continúa esperando su aprobación.