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En un guiño a la clase media, el gobierno reflotó el proyecto de ley de alquileres que busca mejorar las condiciones para acceder a un alquiler. La medida cuenta con el impulso de las organizaciones de inquilinos pero despertó la crítica de los diferentes sectores privados que intervienen en el mercado inmobiliario.

“Sabemos perfectamente que todo intervencionismo que tome el Estado en contratos privados entre particulares en un mercado que se venía desarrollando con mucha normalidad, va a ser perjudicial”, explicó en diálogo con MD el presidente Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza, Ricardo Ferreyra.

El nuevo proyecto de ley de alquileres incluye garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad como respaldo y extensiones en los plazos mínimo de contrato a 3 años. Además ajustaría el valor del alquiler a la actualización de un promedio de salarios e inflación y se le pondría un tope a las comisiones de las inmobiliarias, que dejarían de ser cobradas para los inquilinos.

Tiene media sanción en el Senado y se trató en comisión en Diputados, donde se le realizaron varias modificaciones por lo que deberá volver al Senado. Se comenzó a tratar porque estaba próximo a perder estado parlamentario.

Para Ferreyra el proyecto anunciado por el gobierno “invierte el tema” y coloca a las inmobiliarias “como los grandes culpables” cuando en realidad la gente no accede a las viviendas por la política económica que se está viviendo”.

Entre las modificaciones propuestas por el gobierno se dispone la eliminación de las comisiones que cobran las inmobiliarias de las que pasarían a hacerse cargo los propietarios. Frente a esta cuestión Ferreyra aseguró: “Es una ley simpática que desgraciadamente lo único que va a lograr es que el Estado, como hizo en capital, encarezca el alquiler. Porque los propietarios pasan los honorarios al alquiler”.

Por otro lado, cuestionó la flexibilización de garantías y la extensión de 2 a 3 años del contrato de alquiler. “Si se van a imponer garantías que no son sólidas para las propiedades, se van a alargar los contratos y se van a prohibir una serie de cantidad de cosas, lo que van a provocar es que los propietarios directamente opten por no querer alquilar sus propiedades y esto va a disminuir la oferta, lo que va a contribuir que se encarezca el alquiler en contra de los inquilinos”, cuestionó.

Lo mismo opinó del sistema de indexación propuesto en la ley que ajustaría el valor del alquiler a la actualización de un promedio de salarios e inflación. “Es mejor lo que tenemos actualmente. Porque la inflación existe y todos la niegan, entonces quieren prever aumentos escalonados de alquiler, lo que genera expectativas de inflación para adelante. Pero esto es peor que aumentar un alquiler con la inflación que ya existió (como ocurre ahora), se va a aumentar por la inflación que vas a tener. El problema es la inflación, no el aumento del alquiler”, aseveró.

“En los 40 años anteriores a esto, ¿por qué no se complico el mercado de alquileres?”, cuestionó Ferreyra, quién aseguró que el proyecto está “en una etapa permanente de cambios” por lo que es imposible saber con certeza que sucederá.

La semana pasada, el gobierno mantuvo una reunión con representantes privados de inmobiliarias, martilleros y escribanos donde trascendió que se acordó cambiar algunas disposiciones de la ley. Sin embargo, esto fue desmentido por Ferreyra quién aseguró: “No es como trascendió en la prensa, no se acordó absolutamente nada”.

De todas formas, el proyecto de ley tambalea. En los medios porteños ya comenzó a difundirse que la Casa Rosada le quitó impulso a la iniciativa y dejará caer el proyecto, para centrarse en generar incentivos para la construcción de viviendas destinadas a alquiler.