Si bien en el año 2015 ya hubo debate, esta será la primera vez que los candidatos a presidente que superaron el 1,5% de los votos en las PASO estarán obligados a participar de dos encuentros con “la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas” según lo establecido en la Ley 27.337 sancionada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016.

La norma ofrece la posibilidad de negarse a participar, pero quienes tomen esa determinación serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual. La otra pena que determina el artículo 4 por no asistir, el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante “permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de denotar su ausencia”, como pasó con Scioli en 2015.

Deberán presentarse al tribunal , Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), José Luis Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad), el presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores) o bien los representantes que ellos designen para tal efecto.

Habrá dos debates: uno en Capital Federal y otro en  la capital de una provincia del interior del país, elegida por la CNE (Consejo Nacional Electoral). Ambos se realizarán entre 7 y 20 días antes de la elección presidencial del 27 de octubre.

La norma contempla que se realice un tercer debate en el caso de que haya un balotaje. En una audiencia de la que participarán la CNE, organizaciones académicas y de la sociedad civil, y los candidatos o representantes partidarios se pactará un reglamento que determine quiénes serán los moderadores y qué temas se tratarán. En el caso de no llegar a un consenso, será la CNE la encargara de decidir.

El debate se transmitirá en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina S.E. Mientras dure, no se podrá emitir la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual ni anuncios públicos de los actos de Gobierno.