La decisión fue anunciada por la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, quién anunció que mañana presentarán junto a otros organismos de Derechos Humanos un pedido de juicio político a los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que otorgaron el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.

El polémico fallo del “2×1” buscaba habilitar reducciones de penas a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Cuando se dio a conocer el fallo, fue repudiado por amplios sectores de la sociedad, que se manifestaron en multitudinarias movilizaciones en todo el país, y que presionó para que finalmente se diera marcha atrás en la medida.

Sin embargo, para los organismos de DDHH el repudio no concluyó allí, por lo que continúan exigiendo la renuncia de los jueces que aprobaron la medida que atentaba contra los juicios a los torturadores y represores de la última dictadura militar.

“Esta responsabilidad que han tenido tres de estos jueces de la Corte de querer imponer una decisión tan nefasta para los asesinos de la dictadura, los pone en una situación de incompetentes. La Justicia tiene que ser pareja para todos y con decisiones coherentes permanentes”, explicó Carlotto en una entrevista para Radio El Mundo.

La presentación en la Congreso cuenta el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza: “Estamos colaborando con los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional. Ya se presentó el viernes el pedido formal en la Cámara (de Diputados), de ahí en adelante queremos que realmente se haga el juicio político a los jueces de la Corte y pedimos también la renuncia de (el Secretario de DDHH de la Nación, Claudio) Avruj”, explicó Beatriz Capdevila.

La referente de la APDH matancera sumó a los argumentos para el pedido de juicio político a los miembros de la Corte lo ocurrido con el “Fallo Fontevecchia“, en el que la Corte Suprema se desentendió de la condena internacional en su actuar, al resolver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no puede revocar sentencias dictadas por el máximo tribunal. “Ahí está bien claro como actúa la Corte en nuestro país”, agregó.