La ministra Carolina Stanley puso fin a las especulaciones en torno a la decisión que tomaría Mauricio Macri y anunció que el gobierno revocará el protocolo de aborto no punible (es decir, para prácticas abortivas hoy permitidas por la ley) que había implementado este miércoles la Secretaría de Salud, a través de una resolución de su titular, Adolfo Rubinstein.

Según explicó Stanley, la derogación se debe a que “el secretario Adolfo Rubinstein no consultó al Presidente” y porque la medida “debe tener un trámite legislativo”. Sin embargo, la situación fue más allá y volvió a despertar la interna que hay en la coalición del gobierno.

El sector predominante de la UCR y varios legisladores del PRO salieron a respaldar a Rubinstein, mientras que varios dirigentes de la coalición de gobierno pidieron la revocación del protocolo. Finalmente, Macri decidió avanzar en esta última opción, continuando con la estrategia de acostarse en el núcleo duro conservador y antiabortista que lo apoyó en las elecciones de octubre y que le permitiría mantenerse en la escena política luego del 10 de diciembre.

Así es como el mismo presidente que celebró haber abierto el debate por la legalización del aborto en la Argentina, terminó flameando un pañuelo celeste durante los actos de campaña previo a las elecciones generales y revocando un protocolo para que no haya dudas en las prácticas de aborto no punible.

Qué establecía el protocolo

El “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)” que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, le otorgó rango ministerial (con una resolución oficial) al protocolo que se utiliza desde hace años, despejando lugar a interpretaciones en la aplicación.

Cabe remarcar que esta reglamentación no introduce modificaciones a la legislación vigente. En Argentina el aborto es legal en casos de violación o en embarazos en los que corra peligro para la persona gestante. Se trata de un concepto de salud entendido tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que en Argentina se encuentra legislado a través del artículo n° 86 del Código Penal que data desde 1921 y con el fallo F.A.L. de 2012 con el que la Corte Suprema de Justicia exhortó a todas las provincias a adherir al protocolo.

Sin embargo, sólo 7 provincias adhirieron hasta el momento y varias poseen un protocolo propio (como es el caso de la provincia de Buenos Aires). En ese sentido, el protocolo serviría como guía de atención para saber cómo deben actuar los y las profesionales en estos casos, en todos los centros de salud del país.