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A ocho días del tratamiento de la ley de despenalización del aborto en el Senado, la gobernadora María Eugenia Vidal volvió a plantar posición contra la despenalización del aborto y dejó transcender en medios nacionales su preocupación sobre la capacidad del sistema de salud bonaerense para hacerse cargo de las demandas de atención con una eventual nueva ley.

La gobernadora en diferentes ocasiones se manifestó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo alegando que “hay vida desde el momento de la concepción”. En sintonia con sus dichos, el 9 de julio se mostró como una de las principales figuras del oficialismo en contra de la sanción de la ley al posar en el Tedeum de La Plata con un pañuelo “pro vida” y tomarse una foto junto a un militante anti despenalización del aborto.

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En esta oportunidad, las inquietudes comunicadas off the record por los voceros de la gobernadora, remiten a la forma en que sería aplicada la ley en los 80 hospitales públicos y centros sanitarios que tiene la provincia de Buenos Aires. Uno de los inconvenientes planteados remite a el tiempo que tardan los hospitales para realizar una operación programada, poniendo en duda que se puedan reducir a menos de cinco días.

Actualmente los hospitales públicos provinciales tardan varios días en programar una operación y esto puede poner en peligro una intervención abortiva dado que la ley permitiría la interrupción del embarazo como máximo en la semana 14 de gestación.

“No se sabe cuál será la demanda que tendrán los hospitales si se aprueba la ley del aborto. Tampoco sabemos qué lugares tendrán más requerimientos. Quizá se avance en el mismo sentido en que va la política sanitaria: la regionalización. Es decir, que haya centros de referencias para facilitar las intervenciones”, explicó un vocero de Vidal según reprodujo La Nación.

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Según la noticia, la gobernadora “está preocupada” además por los costos que generaría a la provincia brindar esta atención. Por eso, Vidal habría instruido al ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, para que realizara un relevamiento de la situación en los hospitales bonaerenses para ver cómo “impactaría la aplicación del aborto”.

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De todas formas, al tratarse de una ley nacional, los medicamentos tendrían que ser comprados y girados por el Ministerio de Salud nacional, tal como ocurre hoy con las vacunas y otros medicamentos, por lo que los costos son difíciles de calcular. Por otro lado, el gobierno provincial asegura que cumplirá con lo que establezca la norma que se apruebe en el Congreso, a pesar de los interrogantes planteados.