Se trata de un proyecto que presentó en la Cámara de Diputados el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak. El mismo se enmarca en el Plan de Infraestructura Penitenciaria anunciado el 4 de septiembre por Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicilliof, en el que la Nación invertirá $12.800 millones de pesos para construir dos unidades penitenciarias de mil plazas y 10 alcaidías de 300 plazas cada una en los próximos dos años.

“Hay que aclarar que las alcaldías son unidades penitenciarias pero no son cárceles y reemplazarían a las comisarías como centros de detención”, destacaron fuentes del ministerio.

El proyecto consiste en la construcción de diez alcaldías para 300 personas y dos unidades de detención para mil. “En las alcaldías irán los detenidos que comienzan a ser procesados por la Justicia”, aclararon desde el Ministerio. En el mismo sentido, agregaron que cada distrito, dónde se construyan estos centros, no tendrá más detenidos de los que ya tienen en las comisarías.

La Matanza, Merlo y Moreno son los tres Municipios de la Zona Oeste que fueron elegidos en la presentación del proyecto.

“Los lugares no quedarán dentro del tejido urbano y la idea es que estos tipos de establecimientos no estén en el centro de una ciudad sino en un lugar aledaño”, afirmaron desde el Ministerio.

Todos contarán con los servicios básicas como electricidad, agua corriente, cloacas y algún acceso pavimentado para el transporte público. El diálogo desde Provincia con los municipios es permanente para encontrar lugares que presenten todas estas condiciones y para poder edificar.

Al proyecto de obras también se había sumado al municipio de Quilmes, pero fue rechazado en las últimas horas por el diputado de Cambio Federal y referente de ese municipio, Fernando Pérez quien señaló que está de acuerdo con el levantamiento de nuevas unidades penitenciarias pero manifestó no coincidir “con las formas” y ligó la iniciativa a “un impulso mediático”.

Las unidades de detención y las alcaldías se construirán en terrenos fiscales y cuentan con el aval de los Municipios. La inversión estará a cargo del gobierno nacional y los lugares contarán con aulas, talleres de capacitación en oficios y trabajo de acuerdo con las normas Nelson Mandela de la ONU. “El objetivo es liberar las comisarías de las tareas del cuidado de los presos”.