Brasil sufre una profunda crisis política, mientras aumentan exponencialmente los casos de contagios por coronavirus (2.433 infectados y 57 muertos). El presidente Jair Bolsonaro se opone a la aplicación de medidas sanitarias que restrinjan la exposición de las personas, mientras los gobernadores de los estados desobedecen al primer mandatario y establecen medidas preventivas.

“Nuestra vida debe continuar, se deben mantener los trabajos, se debe preservar el sustento de las familias”, dijo Bolsonaro en un discurso televisado a nivel nacional el martes por la noche. “Debemos volver a la normalidad”, aseveró el primer mandatario brasileño, quien acusó a los gobernadores de cometer un “crimen” y de estar “reventando a Brasil y destruyendo empleos”. Además los culpó de crear “pánico” e “histeria” y de estar haciendo “electoralismo”.

Es que Bolsonaro sigue la misma línea que Donald Trump en EEUU, al hacer caso omiso a las recomendaciones de aislamiento social de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos mandatarios entienden que con el aislamiento obligatorio se dañará la economía de las naciones que dirigen, por lo que se niegan a declarar la cuarentena nacional, al costo de cientos de miles o millones de muertos por COVID-19. Es la antítesis de la postura de Alberto Fernández, que reiteró en diversas oportunidades “entre la economía y la salud, elegí la salud”.

Pero los gobernadores brasileños se encuentran en la primera línea de fuego junto a los intendentes, y quieren evitar a toda costa que el sistema de salud colapse y suceda lo mismo que ocurre en Italia o España. Por eso rechazaron la exhortación del presidente Bolsonaro y continúan avanzando en la paralización de escuelas y empresas para lograr un aislamiento social que frene la expansión de la enfermedad. También adoptaron medidas para limitar las concentraciones de personas en estadios y eventos masivos, y cerraron aeropuertos y rutas.

Hasta el momento 25 de los 27 gobernadores declararon que van a mantener las reglas de aislamiento social -pese a los cuestionamientos del jefe de Estado- y mantienen diálogo entre ellos a través de teleconferencias para implementar los protocolos de la OMS. Se trata de gobernadores de todos los colores políticos, cuyas cabezas más visibles son el mandatario de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y su par de San Pablo, Jõao Doria.

“El aislamiento del presidente Jair Bolsonaro, creció de forma exponencial esta semana. Y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus pone en duda, cada vez más, su capacidad para continuar al frente del cargo. Los próximos días serán cruciales”, desafió Witzel en las últimas horas.

La disputa llegó incluso hasta la justicia brasileña. Bolsonaro anuló por decreto el cierre de aeropuertos y carreteras interestatales que había declarado Witzel, alegando que esa determinación corresponde al gobierno federal, pero el Supremo Tribunal Federal terminó fallando a favor del gobernador. Lo mismo ocurrió con el gobernador Doria, quien fue autorizado por el máximo tribunal del país a suspender el pago de una deuda de 400 millones de dólares al gobierno federal, para poder reforzar su sector de salud. Ambas decisiones pueden sentar un precedente para los otros estados.

La crisis institucional incluso ya verificó episodios afuera de las fronteras de Brasil. Esta semana nueve gobernadores le solicitaron al embajador chino en Brasil, Yang Wanming, la “posibilidad” de que el Gobierno del país asiático pueda “enviar material médico, insumos y equipos que puedan ayudar al combate del flagelo que se está enfrentando”. El pedido de ayuda humanitaria llegó luego de que uno de los hijos de Bolsonaro insultara a China (principal socio comercial de Brasil) y creara una crisis diplomática entre ambos países.