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La procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, que regirá a partir del 31 de diciembre. La eventual renuncia o destitución de la titular del Ministerio Público Fiscal era uno de los objetivos del presidente, que buscaba avanzar en reformas de los mecanismos de remoción del procurador, con el único fin de separar a Gils Carbó del cargo.

Por medio de una carta dirigida a Mauricio Macri, la jefa de los fiscales señaló que “estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”. La remoción del procurador exije una mayoría especial en el parlamento, y el ministro de Justicia Germán Garavano había adelantado que buscaban reducir “algunas mayorías”, evitando la necesidad de un acuerdo político con la oposición.

Las maniobras del macrismo para remover a Gils Carbó habían sido cuestionadas incluso por legisladores oficialistas, como la diputada Elisa Carrió. Es que el normal funcionamiento de la república demanda autonomía de los fiscales con respecto al Poder Ejecutivo, para garantizar la imparcialidad del sistema de justicia.