Tras intensas tareas de investigación criminal por parte de la Policía Federal Argentina, y con el apoyo operativo de 250 efectivos de la Gendarmería Nacional, ambas fuerzas lograron desbaratar a una organización criminal que, liderada por una mujer conocida como “La Tía Eva”, bajo la pantalla de una comunidad evangélica denominada “Filadelfia”, se dedicaba a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida.

El operativo llevado a cabo en un edificio ubicado en la calle Centenera al 3700 de la localidad de San Justo, finalizó la madrugada del lunes con un total de 7 detenidos y el rescate de 69 víctimas. En total, se realizaron 23 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos.

Según surge de la investigación, entre los delitos registrados, las y los miembros de la “comunidad” sustraían menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización.

Entre las tantas atrocidades registradas, se pudo establecer que la organización cometió instigación al suicidio al haber inducido a la muerte a un joven que se había reconocido como homosexual, hecho por el que sufrió permanentes hostigamientos y agresiones que finalizaron con su trágico suicidio. Siempre bajo “la palabra divina”, el joven había sido obligado a desnudarse públicamente, fue golpeado y sufrió agresiones físicas.

Gracias a la articulación entre las órdenes del Poder Judicial y las directivas de la ministra Frederic de intensificar la investigación criminal para neutralizar el delito complejo, sumado a la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, se logró extender el despliegue de las fuerzas para realizar un operativo de gran envergadura en diferentes puntos del país, lo que muestra, entre otras cosas, la dimensión que poseía la organización criminal desbaratada.

La investigación

Tal como lo había publicado MatanzaDigital.ar, a raíz de un operativo realizado en 2019 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inició una exhaustiva investigación que, en aquel momento, concluyó con varios allanamientos por los delitos de trata de personas y lavado de dinero. En ese entonces, se comprobó que la organización criminal operaba con un minucioso sistema de captación de personas para, posteriormente, explotarlas laboralmente y someterlas a la servidumbre.

El personal de GNA y de PFA, junto con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Pablo Barral, secretaría Número 9 de la Dra. Mariana Sioli, continuó con la pesquisa a partir de reiteradas denuncias que realizaron las víctimas y detectaron que aquella organización criminal, además de los delitos ya mencionados, también era responsable de otros graves crímenes.

El grupo, oculto bajo una presunta vocación religiosa, comenzó sus actividades en el país entre 1972 y 1973 y estaba liderado por “la Tía Eva” y dos cómplices a quienes se las acusa, hasta ahora, de dos abusos sexuales (en el marco de acciones “religiosas” con el objetivo de “evitar el pecado”) contra, por lo menos, un menor. Dado su forma de actuar y el modus operandi, este tipo de hechos se fueron reiterando a lo largo de los años.

Con un “templo” principal emplazado en el Gran Buenos Aires y “anexos” en varias provincias y, según se presume y aun se investiga, en Brasil y Paraguay, captaban personas en distintas partes del país. Centralmente, esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Bajo una “persuasión coercitiva” les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal.

Una vez cooptadas, las victimas eran obligadas a vivir en condiciones deplorables, carentes de higiene y con una alimentación degradante. Tampoco les permitían comunicarse con sus familias, ir a la escuela y, además, les sustraían su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización.

Una denuncia

En diciembre de 2018, una joven de 24 años logró realizar una denuncia en la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza.

Según ella, cuando era adolescente y vivía en González Catán con sus padres, estos fueron captados por miembros de un templo evangélico conocido como “Filadelfia”, con asiento en San Justo.

La joven también contó que sus progenitores comenzaron a involucrarse cada vez más en el ámbito religioso y cambiaron abruptamente su modo de vida, hasta que los líderes de esta iglesia, bajo manipulaciones psicológicas y supuestas órdenes de Dios, los convencieron de vender su propiedad y entregarles el dinero.

Luego, se mudaron junto con otros miembros de la congregación en una especie de conventillo, donde no podían tener contacto con el resto de sus familiares o amigos.

Tras ello, los obligaron a efectuar trabajos en una panificadora propiedad de la iglesia, cuyos productos eran vendidos por hijos de los fieles en diferentes esquinas de San Justo, a quienes no les permitían siquiera ir a la escuela.

La joven también denunció que los niños que se negaban a comercializar lo fabricado, o aquella personas que desobedecía órdenes o no aceptaran casarse con las personas que los líderes eligieran para tal unión –según lo dispuesto por “origen divino”, aseguraban- eran trasladados forzosamente a campos en el interior de la Provincia donde debían participar de “seminarios bíblicos”.

El caso

Tras la investigación que pudo establecer esta sucesión de delitos, en la madrugada de ayer, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional realizaron los 23 allanamientos en las sedes que la organización tenía en todo el país y en propiedades vinculadas al grupo criminal, tras lo que se labraron 10 órdenes de detención para las y los integrantes del núcleo duro del grupo, incluyendo a quienes estaban prófugos desde el año pasado. Entre los detenidos figuran seis miembros de la primera línea de la organización criminal.

Hasta el momento, las 69 personas rescatadas están siendo entrevistadas y asistidas por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, de modo de recabar más información, que será de vital importancia para el desarrollo de la causa judicial.

Por otro lado, y en el marco de la misma causa, se dio la orden de dar de baja en el registro de cultos a esta organización y se informó de la situación a las autoridades de Brasil y Paraguay, donde se presume que existen sedes de este grupo.

Además de las y los 250 miembros de la GNA, trabajaron en los allanamientos 389 efectivos de las Superintendencias de Agencias y Delegaciones Federales; de Tecnología de la Información; de Científica; de Bomberos y de la Dirección General de Fuerzas Especiales y orden urbano de la PFA.

Interviene en la causa el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Pablo Barral, Secretaría Número 9 de la Dra. Mariana Sioli.