En la maratónica sesión de la Cámara de Diputados, que incluyó el tratamiento sobre el Aporte solidario de las grandes fortunas, se aprobó la reforma de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impedirá que puedan montarse negocios agrícolas o inmobiliarios en terrenos que hayan sido incendiados intencional o accidentalmente.

La medida fue impulsada por el Frente de Todos con el objetivo de proteger el ambiente, los bosques y los suelos en el país, que este año sufrió reiterados incendios forestales, especialmente en Córdoba, San Luis, Entre Ríos y Chaco, así como en el Delta del Paraná al norte bonaerense y en islas de Rosario, Santa Fe.

El texto establece que “no se podrá hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio” por 30 o 60 años, según la actividad y la zona. Con esto se busca que “bosques, áreas naturales protegidas y humedales tengan condiciones para su restauración”.

Desde Juntos por el Cambio votaron en contra del proyecto de Ley y argumentaron que “no otorga una mayor protección ambiental” y “no hay separaciones entre incendios accidentales e intencionales”. Por el lado del Frente de Izquierda, en este caso sí votó a favor de la aprobación.