El gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, anunció que no promulgará la ley que habilitaba la megaminería en su provincia tras un fuerte reclamo de la sociedad por el cuidado del agua, que se coronó con una inédita movilización en América Latina por este tema.

La polémica ley 7722 habilitaba el uso de cianuro y un sinfín de sustancias tóxicas en el agua para expandir la actividad minera en una provincia que tiene casi el 90% de su territorio en condiciones desérticas o semi desérticas.

Esto es el resultado de una histórica movilización social de 80 mil personas, que es catalogada como la más grande de la historia en defensa del agua. Se registraron hechos de represión policial y Suárez acusó a “los mismos grupos de siempre que promueven violencia”.

El fin de la medida era poder abrir paso a las empresas extranjeras, como la canadiense Barrick Gold, para explotar los recursos mineros y engrosar las arcas de Mendoza, ya que posee una caudalosa deuda en dólares y está asfixiada financieramente.

El gobierno mendocino llamó a una mesa de diálogo entre todos los sectores involucrados, pero los reclamos por parte de la sociedad pudieron un límite muy marcado a esta iniciativa.