La semana pasada el gobierno nacional dio a conocer que autorizó a petroleras británicas a explorar la zona de la Cuenca Malvinas del Mar Argentino en busca de petróleo off shore.

La noticia levantó un gran revuelo, fundamentalmente entre los habitantes de la Patagonia, lo que motivó la presentación de varios recursos de amparo para impedir la adjudicación de las áreas a las compañías de origen inglés.

Desde La Matanza, el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas cuestionó duramente el anuncio del gobierno y cargó contra la política sobre los archipiélagos llevada a cabo durante los últimos años de gobierno.

“Este gobierno decide apoyar a todo lo que combatimos. La sensación que tenemos es de bronca porque todos aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en Malvinas sabíamos de la riqueza petrolífera que había allí”, comentaron a MD desde la comisión directiva liderada por Ramón Robles.

Según indicaron los ex combatientes, “el sentimiento antipatriota se viene dando desde que sacaron el billete de $50 de las islas Malvinas” pero que la concesiones a los británicos comenzaron desde “que firmaron el tratado (los cancilleres de Argentina e Ingleses) Fornidaro-Duncan”.

“Ese fue el peor pacto de traición a la Patria que puede haber cometido el gobierno. A partir de ahí empiezan a entregar la soberanía y lo último que pasó es la culminación de un pacto que vienen haciendo desde hace un tiempo con los ingleses”, denunciaron los veteranos.

Es que el pacto, celebrado el 13 de septiembre de 2016, establece entre Argentina y Gran Bretaña la necesidad de adoptar las “medidas apropiadas” para “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

La adjudicación de zonas de explotación a empresas británicas va en línea con el pacto firmado hace 3 años.

Una pelea que sigue en la justicia

Desde que el 16 de mayo la Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, aprobó adjudicación de las empresas, llovieron las denuncias contra la medida.

Pero el gobierno hizo caso omiso a las críticas y celebró la oferta de 724 millones de dólares que prometieron las compañías por las 18 áreas adjudicadas en la Cuenca Malvinas, al igual que en otras cuencas donde se harán exploraciones como la Austral y la Argentina Norte.

El problema es que de las 9 ofertas ganadoras en la Cuenca Malvinas, la empresa británica Tullow Oil ganó en 3 de ellas. Esto no solo constituyó una gravísima amenaza a la seguridad nacional (por su cercanía con las islas) sino porque Tullow también trabajó para el gobierno kelper anteriormente en exploraciones petroleras, algo que la ley 26.659 prohíbe.

Es la misma situación que afecta a la empresa Equinor, otras de las empresas ganadoras, que también trabajó con el gobierno kelper anteriormente pero son capitales estatales de origen noruego. Esto fue denunciado por la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quien impulsó un amparo denunciando que ambas empresas violaron la ley.

También realizó una presentación judicial el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, que cargó contra la empresa Tullow Oil y que la jueza federal de esa ciudad fueguina, Mariel Borruti, dio lugar al amparo. Por eso, en principio, el accionar de la firma británica quedaría frenado por la justicia. Pero para las otras empresas el panorama no cambió.

Mientras la disputa por la injerencia de compañías británicas en el territorio nacional se judicializa, quiénes lucharon por defender las tierras argentinas lamentan toda la situación. “Nos dolió muchísimo la entrega de la cuenca petrolífera. Por 700 y pico de millones de dolares, regalaste tu patrimonio por dos monedas a un país con el cual vos luchaste por la liberación de un pedacito de tu tierra”, aseveraron los veteranos.

Según adelantaron, en los próximos días todos los centros de veteranos del país aprobarán un “documento en conjunto” donde cargarán contra el gobierno y se expresarán en contra de la adjudicación