La semana pasada la Provincia de Buenos Aires adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015.

Mediante una resolución que lleva la firma de la Ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, la Provincia de Buenos Aires se adhería a la guía que recoge las recomendaciones de la Corte Suprema, considerando la interrupción legal de un embarazo como un derecho de las mujeres y que busca estandarizar esa práctica para terminar con las barreras de acceso que ponen en peligro de vida de la mujer.

Sin embargo, la medida duró sólo una semana: el secretario de Legal y Técnica bonaerense, Julio Comte Grand, una reconocida personalidad del Opus Dei, se opone a la medida impulsada por la Ministra de Salud, siendo este último quien decide si se publica en el Boletín Oficial, por lo que la resolución firmada por la ministra quedaría sin efecto. De esta manera la administración de Vidal, quien se había manifestado públicamente en contra del aborto pero que se mostró abierta al debate, “revisará” la adhesión al protocolo de aborto no punible.